Santos anuncia nueva estrategia en crisis con Venezuela

El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que luego del revés sufrido la víspera en la OEA, su gobierno acudirá a Naciones Unidas y a otros organismos internacionales para que escuchen las quejas de Colombia sobre los supuestos maltratos hacia miles de colombianos en la frontera con Venezuela luego que Caracas ordenó su expulsión.

Por la mañana, la canciller colombiana María Ángela Holguín había expresado su sorpresa por la postura de Panamá que, según dijo, cambió su voto en el último minuto.

"Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible", como ante el secretario general de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Organización Internacional de Migraciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó el presidente en una alocución televisada al país.

Santos enfatizó que su gobierno había solicitado una reunión de urgencia ante la Unasur que, según él, nunca se dio, por lo que su gobierno decidió desistir de ella.

El jefe de Estado aseguró que el fiscal colombiano Eduardo Montealegre le comunicó que "está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma".

En los últimos 13 días más de 1.000 colombianos han sido expulsados o deportados de Venezuela y se calcula que otros 10.000 que residían de forma irregular han abandonado el país por miedo a represalias.

"Quienes se comprometieron a apoyarnos cambiaron el voto", lamentó. En un intento por aclarar su voto, el gobierno del centrista Juan Carlos Varela planteó que un escenario polarizado no ayudaría en nada a la crisis colombo-venezolana.

"Panamá considera que en este tipo de conflicto la búsqueda de consenso es la vía correcta, no la polarización ni la división", señaló la Cancillería panameña.

El secretario general, el expresidente colombiano Ernesto Samper, indicó en su cuenta de Twitter que el organismo internacional "propondrá en la Reunión de Cancilleres Comisión Regional de verificación y garantía de DDHH en frontera colombo-venezolana".

Las relaciones entre Caracas y Bogotá entraron en crisis luego que el presidente venezolano Nicolás Maduro resolvió a partir del 20 de agosto el cierre de algunos pasos fronterizos en Táchira a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un conductor civil cuando realizaban actividades de combate al contrabando.

Ambos gobiernos llamaron el 27 de agosto a consultas a sus respectivos embajadores.

El martes entró en vigencia un decreto del presidente Maduro que extendió el estado de excepción a cuatro municipios fronterizos de Táchira, con lo que llegaron a 10 las localidades en tal situación por 60 días, prorrogable por otros dos meses.

Ello implica la suspensión de algunas garantías constitucionales como la de reunión, manifestación en las calles, inviolabilidad del hogar y las comunicaciones, el libre tránsito y la libertad para dedicarse a cualquier actividad económica.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado oficialista Diosdado Cabello, afirmó el martes que al gobierno colombiano "no le interesa" llegar a una solución ante la crisis que enfrentan las relaciones para así favorecer a sus nacionales que pasan todos los días para el lado venezolano.

Durante una visita al estado suroccidental del Táchira, Cabello dijo a la prensa que "da tristeza" que Colombia haya mandado a su embajador en la OEA a decir "mentiras".

Expresó que "no hay ninguna diferencia" entre Santos y su antecesor Álvaro Uribe, y sostuvo que "es como que estuviera gobernando Uribe en Colombia, que es enemigo de la paz de toda América".

En tanto, la oposición colombiana, encabezada por el partido de Uribe (2002-2010), ha pedido la dimisión de Holguín ante lo que consideró una "pobre" defensa de los colombianos, escribió en Twitter el senador uribista Alfredo Rangel.