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CORRUPCIÓN

Despojan de inmunidad a jueza de Guatemala que ordenó anular juicio Ríos Montt

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala despojó hoy de su inmunidad a la jueza Carol Patricia Flores, denunciada por supuesto enriquecimiento ilícito y quien en 2013 ordenó anular un juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).

La CSJ guatemalteca despojó de su inmunidad a Flores tras una denuncia de la Comisión Internacional Contra la Inmunidad en Guatemala (Cicig) que la señalaba de ser la propietaria de un lujoso inmueble que no corresponde a su salario.

La resolución de la CSJ fue aprobada por unanimidad, dijo este jueves a periodistas el magistrado Rafael Rojas, quien explicó que el caso será trasladado a Gestión Penal del Organismo Judicial para que se designe a un juez investigador.

La solicitud de antejuicio o despojo de la inmunidad fue planteada el pasado 30 de abril por la Cicig y el Ministerio Público (MP) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, este último porque Flores no presentó su declaración jurada patrimonial.

De acuerdo con la Cicig, en las investigaciones se logró determinar que la jueza residía en un lujoso inmueble que a primera vista pareciera desbordar su poder adquisitivo.

La residencia está ubicada en el municipio de Santa Catarina Pinula, al sureste de la capital, y supera los 350.000 dólares, según las investigaciones judiciales.

La Cicig afirmó en abril pasado que la jueza había ocultado este inmueble, lo cual en su concepto es "reprochable" porque "afecta la transparencia que debe acompañar el ejercicio de la función pública por ella desempeñada".

Como jueza Flores conoció el proceso contra el exdictador guatemalteco Ríos Montt, acusado por la Fiscalía de genocidio.

La jueza anuló el juicio que celebraba en abril del 2013 el Tribunal A de Mayor riesgo, entonces a cargo de Yassmin Barrios, y ordenó retrotraer el caso hasta noviembre de 2011 por errores en el proceso judicial.

Sin embargo, Barrios continuó con el debate y el 10 de mayo de 2013 condenó a 80 años de prisión al general retirado, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, que inició el pasado día 23.

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