La formación de grupos irregulares de autodefensa en México es un síntoma de la incapacidad del Estado para brindar seguridad, y conlleva el riesgo de que esas agrupaciones se radicalicen o deriven ellas mismas en organizaciones criminales, estimaron expertos.

“Hay diversas caras del mismo fenómeno. Una de ellas la constituyen las policías comunitarias, que surgen básicamente en medios rurales y no suelen contar con el apoyo de personas con mucho dinero”, dijo Jorge Chabat, experto en seguridad nacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los paramiliates
Otra de las caras es la de los grupos paramilitares como los colombianos, que son patrocinados por gente adinerada que busca protegerse, y una más es la que representan los linchamientos, en que las personas deciden hacer “justicia” por propia mano, explicó.

Seguridad privada
Finalmente, añadió, la manifestación más regulada es la de las compañías de seguridad privadas, que en principio están dentro del marco legal y sujetas a limitaciones.

“No pueden hacer detenciones como ciertos grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán, que están mucho menos regulados y se ubican en una zona gris entre lo legal y lo ilegal”, indicó el también especialista en democracia y derechos humanos.

Ni el Gobierno federal ni las autoridades estatales tienen capacidad para controlarlos o dar la seguridad que estos grupos prometen, por lo que se da una “tolerancia de facto”, apuntó. Chabat consideró que “el Estado mexicano está un poco acorralado”, pues por un lado no satisface la necesidad de protección de la ciudadanía y, por el otro, “no tiene capacidad real para prohibir estos grupos, ya que ello tendría un costo político”.