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CORRUPCIÓN
Detienen en Bolivia red funcionarios extorsionadores
SE TRATA DE "UNA RED DE CORRUPCIÓN Y EXTORSIÓN QUE HA VENDIDO FUNCIONANDO CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO”
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AP
LA PAZ, Bolivia

El gobierno boliviano anunció el martes la detención de siete funcionarios públicos, incluso un alto asesor jurídico del ministerio de Gobierno, presuntos integrantes de una red de corrupción con posibles nexos dentro del sistema judicial y que extorsionó a un empresario estadounidense que está preso.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, informó a la prensa de la detención del asesor jurídico Fernando Rivera, en Tarija, en el sur del país, mientras estaba como representante del Ministerio de Gobierno en la audiencia que justamente estaba tratando sobre la supuesta red de corrupción.      "Un juez decidirá (si) será enviado a una cárcel preventivamente", señaló el viceministro.     

Los otros seis detenidos "con fines de investigación" son José Manuel Antezana Pinaya, ex funcionario del Ministerio de la Presidencia; el ex juez Zenón Rodríguez, y tres ex funcionarios de la Dirección de Control de Bienes Incautados (Dircabi), encargada de la administración de bienes recuperados de sospechosos de narcotráfico, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en rueda de prensa.     

Se trata de "una red de corrupción y extorsión que ha vendido funcionando con funcionarios del gobierno, personas particulares y posiblemente con nexos en el Poder Judicial", dijo.     

El empresario estadounidense Jacob Ostreicher está detenido hace año y medio en un penal de Santa Cruz en el oriente de Bolivia, investigado por supuesto lavado de dinero del narcotráfico pero la fiscalía no ha presentado pruebas ni cargos contra él.     

Ostreicher ha denunciado que funcionarios corruptos vendieron ilegalmente 18.000 toneladas de arroz, maquinaría agrícola y ganado que la fiscalía le decomisó mientras es investigado.     

"La venta ha sido irregular", dijo Romero. Antezana, detenido el lunes, habría cobrado una comisión 9.900 dólares por la venta.     

El martes fue detenido Gustavo Céspedes vinculado Rivera a quienes Ostreicher acusó de haberle exigido coimas por 50.000 dólares para dejarlo en libertad. Rivera era buscado por la policía el martes, dijo esa cartera.     

También fueron detenidos Hugo Franklin Pedraza Suarez, Eduar Stepane Bellido y Ramiro Ordoñez López todos ex funcionarios de la Dircabi.     

Una comisión de fiscales y policías se reunió en reserva con Ostreicher el lunes en la noche en una clínica privada de Santa Cruz donde el estadounidense es tratado de varias enfermedades que se agravaron durante su permanencia en el penal de Palmasola.

El detenido rechaza las acusaciones de la fiscalía y ha dicho que llegó a Bolivia a invertir en agricultura, que sus dineros tienen origen lícito y que desconocía que una ex socia suya compró terrenos al hermano de un convicto por narcotráfico.     

El representante republicano en el congreso estadounidense Chris Smith llegó a Bolivia en junio para interceder por su compatriota y reclamó por la demora en la juicio.     

Altas autoridades del gobierno entre ellos el canciller David Choquehuanca y el propio Romero indicaron que no estaban al tanto del caso del estadounidense cuando la AP les consultó al respecto.     

El abogado defensor de Ostreicher, Yimy Montaño, dijo a la AP que jurídicamente no favorece en nada la desarticulación del grupo pero demuestra "la injusticia que se ha cometido" con su cliente.      "Lo que nos preocupa es que ahora el señor Ostreicher tiene que retornar a la cárcel y con todos estas preocupaciones su salud sigue delicada", señaló.     

 El médico forense del penal Celso Cuellar, dijo a la AP por teléfono que el estadounidense padece de inicios de Parkinson y estrés.     

El analista Roberto Lazerna expresó que este caso "es interesante porque muestra las deficiencias del estado con una ley antidrogas que en vez de presumir la inocencia, los encierra sin derecho a nada y les incautan sus bienes que luego desaparecen. Lamentablemente el estadounidense no es el único (caso)".     

"Si el gobierno quiere lavar su imagen debe detener a todos los involucrados que son funcionarios de bajo nivel pero que aprovechan las deficiencias de las leyes bolivianas", agregó.     

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