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Cumbre concluye por más empleos y apoyo a Pymes
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EFE
Cádiz (España)

La Declaración de Cádiz, aprobada ayer por los mandatarios de América Latina, España y Portugal considera necesario que este foro mantenga "una presencia relevante en la agenda internacional" y aprovechar "las oportunidades que ofrecen nuestros vínculos con otras áreas del mundo".Con un marcado carácter económico, el documento, gira en torno a seis ejes fundamentales:      

El desarrollo económico al servicio de los ciudadanos; el desarrollo de infraestructuras en transporte, telecomunicaciones, energía y el uso sostenible del agua.

La promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas para incrementar la productividad y la competitividad, además del estímulo a los procesos de innovación; el fortalecimiento de las instituciones; la educación y el impulso al espacio cultural iberoamericano y a la "creación de trabajo decente".

Para facilitar estos objetivos, la Declaración propone "promover políticas de crecimiento incluyente, además de políticas de desarrollo sostenible y medioambientales.

Impulsar el comercio con un acuerdo "ambicioso, integral y equilibrado de las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC" así como impulsar políticas que favorezcan su vertiente internacional, con acuerdos comerciales "orientados a evitar el proteccionismo y a reducir medidas que distorsionan y obstaculizan el comercio" son otras de las propuestas de la Declaración.

Respalda asimismo potenciar los mercados regionales para promover la integración económica, y políticas contracíclicas.

También se pronuncia a favor de que la comunidad iberoamérica participe activamente en el debate sobre la necesidad de una "reforma y fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional", que promueva "mayor estabilidad en los sistemas financieros, políticas de regulación, acceso a recursos financieros y crecimiento económico".

Defiende "fortalecer reglas claras, estables y previsibles que ayuden a promover las inversiones productivas nacionales y extranjeras, de acuerdo con las leyes de cada país", en alusión a una mayor seguridad jurídica.

El documento rechaza "las políticas cambiarias que puedan tener potenciales efectos negativos sobre el comercio internacional" y pide "administrar con mayor rigor el ingreso de flujos de capital para evitar la sobrevaluación de las monedas locales".

Recomienda además "diversificar la estructura productiva para disminuir la dependencia" de la exportación de materias primas y "reducir la vulnerabilidad externa de nuestras economías".

Los mandatarios se pronuncian por impulsar el comercio internacional de servicios y el desarrollo de infraestructuras, favoreciendo la interconectividad territorial que potencia el flujo del comercio y el turismo, y favorece a las comunidades más aisladas.

Un apartado importante de la Declaración está dedicado a respaldar una mayor proyección de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el ámbito regional e internacional por "su especial incidencia en la generación de empleo y en el fortalecimiento del tejido productivo".

En los apartados político y social, la Declaración de Cádiz respalda el fortalecimiento institucional y que se adopten políticas que incrementen la información que los estados deben hacer pública.

Los jefes de Estado y Gobierno respaldan la celebración de una sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de la droga y piden que se convoque "a más tardar en 2015" con el objetivo de "evaluar los logros y las limitaciones de las políticas actuales para enfrentar dicho problema, en particular la violencia que genera la producción, el tráfico y el consumo de drogas en todo el mundo".

Reconoce además que la violencia provocada por la delincuencia organizada transnacional, la droga, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, armas y el lavado de dinero, "representa una grave amenaza para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, así como para el crecimiento, el desarrollo económico".

El documento rinde homenaje a la primera Constitución española promulgada hace doscientos años en la ciudad que albergó esta cumbre.

Los mandatarios reconocen que contribuyó "a establecer un nuevo ordenamiento político que instituyó la noción de ciudadanía, determinó el sometimiento de los gobernantes a las leyes de la Nación y estableció la libre elección de las autoridades".

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