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Colegio de abogados y FJT critican proyecto de ley de Fideicomiso Público

Ambas entidades de la sociedad civil remitirán sus observaciones respecto al proyecto de ley de Fideicomiso Público

Miguel Surun Hernández, presidente del Card. LD

Miguel Surun Hernández, presidente del Card. LD

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Paul MathiasenSanto Domingo. RD

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) criticaron este lunes el proyecto de ley de Fideicomiso Público, al considerar que la pieza, ya aprobada por el Senado de la República, contiene “severas” inobservancias e inconstitucionalidades.

A la espera de que una comisión especial, creada por la Cámara de Diputados, decida si modifica o no la pieza, ambas entidades de la sociedad civil remitirán sus observaciones respecto a esta.

Por un lado, Miguel Surún Hernández, presidente del Card, manifestó que entregarán a la Cámara de Diputados las consideraciones de esa entidad, donde indican su “formal oposición” al proyecto, al entender que la pieza “pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios”.

Manifestó que aprobar convertir en ley la pieza tal como fue sancionada en el Senado propiciaría “la creación de un Estado paralelo, con presupuesto paralelo, manejado en la clandestinidad y cuyas operaciones serían manejadas con total discrecionalidad e impunidad”.

Para argumentar sus críticas, citó el artículo 13 de la pieza, donde señaló que violeta la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, así como la Ley 200-04 sobre Información Pública; Ley 247-12 de Administración Pública y Ley 10-04 de Control Internos el Sector Público.

Mientras que el presidente de la FJT, Trajano Potentini, expuso un análisis de al menos 11 páginas, donde mostró incongruencias, objeciones e inconstitucionalidades contenidas en el proyecto de Fideicomiso Público aprobado por el Senado.

En el análisis citó el artículo 13 que dijo violenta la Ley de Compras y Contrataciones, así como incongruencias con la Ley 200-04, al entender que será el fideicomiso que tenga facultad de entregar o no informaciones.

Por otro lado, también criticó que sea la Superintendencia de Bancos que sea “juez y parte” en el proyecto, entendiendo que la cabeza de esa entidad es colocada por el presidente de la República.

Ambas entidades depositarán los documentos con sus inquietudes en la Cámara de Diputados.

El proyecto aún se mantiene en proceso de estudio en una comisión especial, la cual aún no ha rendido informe.

La Cámara de Diputados tendrá tres sesiones antes del cierre de la legislatura el próximo 12 de enero.

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