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Piden unir expedientes en caso Yuniol Ramírez

Familiares de Ramírez dicen que el actual ministerio público no ha ampliado la investigación.

Familiares de Ramírez dicen que el actual ministerio público no ha ampliado la investigación.

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Ramón Cruz BenzánSanto Domingo, RD

El ministerio público soli­citó a los jueces del Segun­do Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fusionar el expediente instrumenta­do contra Argenis Contre­ras, principal acusado en el asesinato del abogado Yu­niol Ramírez, con el de los acusados de actos de co­rrupción en la Oficina Me­tropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA).

El pedimento fue pre­sentado mediante instan­cia por la fiscal Mirna Or­tiz, coordinadora de la Procuraduría Especializa­da de Persecución de la Co­rrupción Administrativa (PEPCA). La solicitud no encontró objeción por par­te del abogado de Contre­ras, Plutarco Jáquez.

El tribunal presidido por la magistrada Claribel Ni­var fijó para el 24 de febre­ro próximo la audiencia se­guida a Contreras, recluido en la cárcel de San Pedro de Macorís, para decidir sobre el pedido de fusión de ambos expedientes.

Por el asesinato de Yu­niol Ramírez ocurrido el 12 de octubre del 2017 son imputados, además de Contreras, Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxis­ta), José Antonio Mer­cado (El Grande), Víctor Elizander Ravelo Cam­pos (El Herrero), Heidy Carolina Peña, espo­sa de Contreras, y Lilian Francisca Suárez Jáquez. Mientras por presuntos actos de corrupción en la OMSA están implicados el exdirector de la enti­dad, Manuel Rivas, y el coronel Faustino Rosario Díaz.

El empresario Eddy San­tana Zorrilla fue excluido del proceso.

El tribunal además or­denó el traslado al tribunal de Argenis Contreras, des­de la cárcel de San Pedro de Macorís, quien fue mo­vido a ese recinto desde la cárcel de Najayo y ordenó citar a los familiares de Yu­niol Ramírez.

De su lado, la familia de Yuniol Ramírez decidió re­tirarse del proceso contra los implicados en el hecho que ocurrió el pasado 12 de octubre de 2017, ale­gando que la investigación del pasado ministerio pú­blico es corrupta y encubri­dora.