Acusación, próxima tarea del Ministerio Público en el caso ODEBRECHT

Con la variación de la prisión preventiva a los dos únicos imputados en el caso de los sobornos por 92 millones de dólares que admitió pagar Odebrecht en el paìs que quedan recluidos en un recinto carcelario, de los 14 acusados, la expectativa ahora estará centrada en la acusación que debe presentar el Ministerio Público para sustentar su solicitud de apertura a juicio y una posible condena, en una siguiente etapa.

El siete de junio pasado, el juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que fue apoderado para conocer la fase de medida de coerción, Francisco Ortega Polanco, declaró complejo el caso y otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para concluir el procedimiento preparatorio, como lo dispone el Código Procesal Penal, en su artículo 370.

Ese plazo vence el siete de febrero del 2018. El procurador Jean Alain Rodríguez dijo el pasado jueves 31 de agosto que ese caso está en proceso de investigación aún y que durante el tiempo de ocho meses que le concedió el juez continuarán ampliando y profundizando.

Sostuvo en esa ocasión que las investigaciones en Brasil pudieran dar con personas involucradas y que además están haciendo un trabajo local, sin embargo, después de más de tres meses que se produjeron los primeros arrestos y sometimientos, nadie ha sido incluido en el expediente, que al parecer, en vez de fortalecerse, se va diluyendo en el tiempo.

El viernes ocho de septiembre, en la tarde, el juez Ortega Polanco modificó su propia resolución, emitida hace tres meses, cambiándole la prisión preventiva que le impuso al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, de nueve meses, y al empresario Ángel Rondón, de un año.

El magistrado colocó a Rondón una fianza de RD$70 millones y de RD$50 millones a Díaz Rúa, a través de una compañía aseguradora. A los dos involucrados también les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica.

Ahora, trece de los imputados esperarán el inicio de la fase preliminar en libertad bajo fianza y uno en prisión domiciliaria. En esta última condición está el abogado notario Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.

Además de Rondón y Díaz Rúa, permanecerán en libertad bajo fianza, el ex ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, el ex diputado Rudy González; el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista; los ex directores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Cèsar Sànchez y Radhamés Segura; el ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), Roberto Rodríguez; el ex director de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGEHID, Máximo Leónidas de Oleo Ramìrez; el ingeniero Bernardo Castellanos; el diputado Alfredo Pacheco, y los senadores Julio César Valentín Jiminián y Tommy Alberto Galán Grullón.

Ortega Polanco le había impuesto prisión preventiva, desde tres meses hasta un año a Rondón, Díaz Rúa, Pittaluga Arzeno, Temístocles Montás, Bautista García, González, Sánchez y De Oleo Ramírez. Mientras, a Segura y a Rodríguez les impuso arresto domiciliario por nueve meses.

El jueves 31 de agosto, la Cámara Penal de la SCJ, en atribuciones de corte de apelación, les varió las medidas de coerción a siete de 10 imputados que presentaron recursos de apelación.

Lo único que varía en el caso de los 13 que se mantendrán en libertad bajo fianza es el monto de la garantía economía, que oscila entre cinco millones de pesos, el más bajo, hasta 70 millones, el más elevado.

Los tres legisladores involucrados en los sobornos de Odebrecht son los únicos que se han mantenido con la misma situación jurídica desde que se les conoció la medida de coerción, el siete de junio, debido a que solo Pacheco apeló la resolución de Ortega Polanco, pero la Cámara Penal de la SCJ le rechazó el recurso. Los otros dos, Valentín Jiminián y Galán Grullón, no apelaron ni solicitaron revisión.