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Le imponen a Bernardo Castellanos garantía económica y prohibición de salir del país

Fallo. El juez Francisco Ortega Polanco aplicó a Bernardo Castellanos de Moya una medida de coerción
consistente en garantía económica de RD$5 millones y presentación periódica.

Fallo. El juez Francisco Ortega Polanco aplicó a Bernardo Castellanos de Moya una medida de coerción consistente en garantía económica de RD$5 millones y presentación periódica.

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Néstor Medrano Ramón Cruz BenzánSanto Domingo

El juez de la Instrucción especial del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, Francisco Ortega Polanco, dispuso ayer, como medida de coerción, a Bernardo Castellanos, encartado en el caso Odebrecht, garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica el primer lunes de cada mes e impedimento de salida del país.

La lectura del dispositivo de la sentencia inició a partir de las cinco de la tarde.

En la audiencia, el Ministerio Público dijo que Castellanos de Moya estaba enterado de todo el proceso de su arresto un día antes de salir del país hacia Panamá.

El fiscal adjunto Milcíades Guzmán reveló al tribunal que un empleado de la Suprema Corte de Justicia que vive en el mismo residencial que Castellanos le informó a él que el Ministerio Público estaba haciendo solicitudes contra él y por eso salió del país, o sea que tenía conocimiento del proceso.

Afirmó que estando en Panamá, Castellanos de Moya retiró dos certificados de 20 mil dólares cada uno, a través de su esposa, a dos días de que comenzaran las detenciones por el caso Odebrecht en República Dominicana.

Alegó que Castellanos de Moya se fue a Guatemala vía Panamá para evitar el proceso de extradición ya que República Dominicana no tiene acuerdo de extradición con las autoridades de ese país.

Al agotar su turno, Castellanos de Moya dijo que no tuvo nada que ver con lo relacionado a la hidroeléctrica de Pinalito, sino que fue la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- que acogió el proyecto.

Explicó que estuvo en Panamá debido a unos documentos que tenía que revisar y que duró un tiempo residiendo en ese país porque tenía que culminar ese proceso.

Castellanos de Moya, es acusado por el Ministerio Público de aceptar sumas de dinero de parte del imputado Ángel Rondón Rijo para la contratación de la construcción de la Hidroeléctrica Pinalito y las adendas I, II y III.

Además, es señalado de asociarse, para viabilizar el proyecto, de enriquecerse ilícitamente, apropiarse de dinero y adquirir fondos, producto de la infracción grave del soborno.

Por el caso Odebrecht fueron imputadas otras 13 personas, entre ellas el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del PRM, Andrés Bautista; César Sánchez, Radhamés Segura, Rudy González y Máximo D’Oleo.

También, el diputado Alfredo Pacheco, vocero del bloque del PRM; y los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, de San Cristóbal y Santiago, respectivamente.

SITUACIÓN DE BERNARDO Mientras tanto, el abogado Conrado Pittaluga se encuentra cumpliendo arresto domiciliario y en la cárcel solo parmanecen el empresario Ángel Rondón, el hombre señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Castellanos fue desglosado del expediente al inicio de la primera audiencia porque no se encontraba en el país.