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Actos

Critican aumento en registros judiciales

Dirigente. Miguel Surún Hernández, presidente del CARD.

Dirigente. Miguel Surún Hernández, presidente del CARD.

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, denunció un presunto “desacato generalizado” de una Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que eliminó el cobro de impuestos por registro de Actos Judiciales, mediante la instauración de nuevos impuestos, que en muchos casos superan en más de 600 por ciento las tarifas anteriores.

Recuerda que el TC, mediante la sentencia TC/033 /14 del 2014, declaró no conforme con la Constitución de la República los artículos 13 y 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 y 42 de la Ley núm. 2334-1885, sobre Registro de los Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales, que consagraban impuestos proporcionales por registros de actos, por contravenir los artículos 12, 14, 40.15, 41 y 69 de la Constitución de la República.

Indicó que desobedeciendo ese mandato, los registros de estado civil han establecido nuevos impuestos con la fachada de “Tasas por Servicios” por registros, lo que entiende constituye un verdadero atentado no solo a la institucionalidad de la República, sino a la sana administración de Justicia.

Surún Hernández informó que los abogados ven como se encarecen los costos de los procedimientos judiciales, afectando el acceso de la ciudadanía a la justicia, lo que dijo amerita la intervención inmediata del TC como guardiana de la constitucionalidad.

Explicó que el artículo 40.15 de la Carta Magna dice que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedirle lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más de lo que le perjudica.

Y el artículo 69 plantea la tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas.

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