Inician investigación por tragedia terrenos del CEA

A partir de hoy la Comisión designada por el Poder Ejecutivo para investigar el caso del asesinato de dos locutores en San Pedro de Macorís ligado a un conflicto por la venta de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), iniciará una serie de interrogatorios que abarcará todos los departamentos de ese organismo.

Una fuente de entero crédito reveló a Listín Diario que las investigaciones se concentrarán básicamente en Santo Domingo y San Pedro de Macorís, este último, lugar del escenario de la tragedia en la que, además de los locutores Luis Manuel Medina y Leo Martínez, el homicida José Rodríguez, fue encontrado muerto, luego de que presuntamente se habría suicidado.

“El tiempo es corto, por lo que hay que arrancar con las investigaciones este lunes.

Vamos a ver lo que hay, para recomendar lo necesario luego de que concluyamos las investigaciones”, dijo la fuente.

Hasta ayer la comisión no tenía definido dónde se asentaría para realizar los trabajos, debido a que, además de la revisión de documentos, entrevistarán a funcionarios y otras personas, tanto de Santo Domingo como de San Pedro de Macorís.

A raíz del asesinato de los dos locutores, el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 44-17, suspendió al director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña, y designó una comisión especial para investigar el caso, con la disposición de que le rinda un informe en un plazo de una semana, que se cumple el próximo viernes.

Mediante el mismo decreto, el mandatario designó en el cargo de manera interina, al director ejecutivo del CEA para Asunto de Ganadería (CEAGANA), Héctor Bienvenido Abreu, a quien, sin embargo, le advierte que solo podrá realizar labores administrativas y no así transacciones inmobiliarias o de otra índole.

La comisión está encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien la preside, e integrada por José Dantés Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, y Lidio Cadet, director de Ética e Integridad Gubernamental.

En una semana, a partir de la emisión del decreto, el pasado viernes, deberán rendir un informe al mandatario y sus recomendaciones, sobre la operación de compra y venta de los terrenos del CEA, que alegadamente se relacionan con la tragedia.

Revisión general En otro decreto, el 268-16, emitido por el Poder Ejecutivo, cinco meses antes de la tragedia, el 26 de septiembre del 2016, el presidente Medina creó, la Comisión Evaluadora de Terrenos del CEA, la cual fue encargada de auditar, regularizar y decidir sobre el aprovechamiento de los terrenos del Estado. La preside el doctor Bautista Rojas Gómez. Ayer Listín Diario conversó con Rojas Gómez, quien precisó que en el tiempo que la comisión que preside lleva funcionando, han llevado a cabo investigaciones en tres de los ingenios del CEA, entre ellos Río Haina y el Ozama, que cuentan con el 44% de los terrenos y el ingenio Amistad, ubicado en Puerto Plata, el cual es el más pequeño de todos. Adelantó que todavía no han llegado a los ingenios ubicados en San Pedro de Macorís, donde ocurrió la tragedia y en otras comunidades de esa región este.

“Entonces tú sabes cuál es el mandato nuestro, hacer un inventario, y luego una clasificación del tipo de terrenos para ser entregados a las instituciones de acuerdo a la competencia”, precisó.

Dijo que del total de terrenos de que disponía el CEA se estima que al día de hoy solo quedan entre millón y medio al millón 800 mil tareas.

Rojas Gómez reveló que la tierra cañera se quedará en el CEA, las que tengan vocación agrícola irá a una institución de esa área, mientras que las que tengan vocación urbanística irán a una institución del Estado que se dedique a eso.

(+) OBJETIVOS DEL DECRETO

El objeto principal del decreto 268-16, es inventariar los terrenos propiedad de los ingenios azucareros del Estado, para como explicó en esa ocasión el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, aprovecharlos de mejor manera dedicando aquellos que no tengan vocación azucarera, a proyectos de interés social.

Igualmente, auditar las operaciones inmobiliarias del CEA y hacer eficientes los actos de levantamientos parcelarios, así como decidir el mejor aprovechamiento de esos terrenos por parte de otras instituciones del Estado. Por otro lado, el decreto dispone que a partir de la fecha de emisión del mismo, 26 de septiembre del 2016, quedarán prohibidas todas las operaciones inmobiliarias de asignación, la venta, cesión en usufructo y permuta, así como la donación o cualquier otra operación inmobiliaria de terrenos.

Establece además, que para realizar cualquiera de esas acciones, las autoridades del CEA tenían que contar con la autorización expresa previa del Poder Ejecutivo.

El decreto también instruye a la Contraloría General de la República a auditar el inventario de los terrenos, las asignaciones, cesiones en usufructo, arrendamiento, permutas y donaciones.

Además, investigar las ventas, temporales o definitivas de los terrenos del CEA en el período 2000- 2016.