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Critican manejo en la recuperación de ríos

DICEN MEDIO AMBIENTE COMETE ERRORES EN RESCATE OZAMA E ISABELA

Le faltó a Medio Ambiente, de acuerdo a Carlos Torres, contar con el trabajo de las organizaciones

sociales, porque los empleados del Ministerio no van directamente a esas zonas.

Le faltó a Medio Ambiente, de acuerdo a Carlos Torres, contar con el trabajo de las organizaciones sociales, porque los empleados del Ministerio no van directamente a esas zonas.

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Santiago Benjamín de la CruzSanto Domingo

Para el director general de la Fundación Ozama RD Verde, Carlos Perkings Torres, el Ministerio de Medio Ambiente ha cometido varios errores durante el proceso para el rescate de los ríos Ozama e Isabela, iniciado en octubre del año pasado con la promulgación de la resolución 13-2016, la cual prohíbe el desguace de embarcaciones en ambos acuíferos.

En primer lugar, según Torres, el Ministerio de Medio Ambiente no debió hacer pública la resolución 13-2016, porque alrededor de las empresas que se dedican a esas actividades hay una comunidad que vive de lo que producen esas entidades.

“El ministro y los asesores que están con él tenían que haber reconocido la labor que varias fundaciones hacen desde hace años para el rescate de ambos acuíferos. Si nos hubieran invitado a las mesas de trabajo, se les iba a decir que esos metaleros sí estaban dispuestos a salir, pero que lo primero que se tenía que hacer era sacar a los munícipes que están en la ribera”, explicó Torres. Aseguró que después del primero de septiembre de 2016 hasta la fecha, se han levantado unas 64 casuchas en las orillas de los ríos Ozama e Isabela, que todavía no están terminadas.

“Si nos vamos a la Ley 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el artículo 129 nos dice que no puede haber viviendas a menos de 30 metros de un río, y ahora nosotros hemos contado unas 267 casuchas de palo y zinc que tienen que ser desalojadas hacia otras zonas”, expresó.

Dijo que si el ministerio los hubiera unido al trabajo que están realizando, se iba a censar el número de personas que debieron ser desalojadas en septiembre, porque el soporte de esas personas son las empresas desguazadoras de barcos.

“Con ese censo se iba a evitar lo que pasó en La Barquita, que después del censo aparecieron más personas. Entonces se debió censar, pagarles a esas personas sus casas e indicarle a la Marina que se mantuviera supervisando la zona”, dice.

Aseguró que una vez sacadas las personas de la ribera de los ríos, las empresas iban a tener que liquidarlos y salir del lugar. El otro paso, según Torres, era decirles a las empresas que que ellos tenían que invertir en el pasivo ambiental que crearon.

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