Buscarán ajustar leyes con ingresos del Estado

Es materialmente imposible que el gobierno pueda cumplir con las 28 legislaciones que establecen porcentajes del Presupuesto Nacional como asignaciones a diferentes instituciones del Estado, según la apreciación del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

El funcionario, en una entrevista concedida a Listín Diario, precisó que de ser aplicadas como está establecido, esas 28 instituciones se llevarían 60 % del Presupuesto Nacional, lo que dejaría al gobierno de manos cruzadas.

El destacado jurista propone la realización de un diálogo abierto, sincero y claro teniendo la lista de leyes y un enfoque global sobre el presupuesto, para tomar decisiones inteligentes, sustentables en el tiempo y realistas, que tomen en cuenta, por un lado apoyar las necesidades de esas instituciones y, por otro lado, la realidad presupuestaria del país.

“Nosotros no podemos seguir teniendo esas leyes en los libros sin que las mismas puedan ser implementadas. Yo digo que se puede encontrar un escenario para tener esa discusión, que podría ser en el Consejo Económico y social con la participación de diferentes sectores, o se puede dar en el marco del Congreso Nacional”, declaró.

Insistió en llevar a cabo un proceso especial para discutir todas esas legislaciones, no con el propósito de eliminar los porcientos establecidos en las leyes, sino para adecuarlos a la realidad presupuestaria del gobierno.

Espinal precisó que el presidente Danilo Medina está consciente de las restricciones en materia presupuestaria para dar respuestas a todas esas legislaciones.

“Él quisiera poder cumplirlas pero hay una realidad material que se lo impide, está comprometido con una agenda social, no ha desatendido a la justicia, me imagino que él estará de acuerdo con que sostengamos esta discusión, al interior del gobierno también hay una conciencia de que tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo”, dijo, cuando se le preguntó si el Presidente conoce la propuesta.

En ese diálogo que plantea, el consultor jurídico incluye a los partidos políticos, a los legisladores y todos los sectores, “para que sea una conversación realista”.

“Insisto mi planteamiento es que tengamos un proceso de discusión para que esto se aborde con un sentido de nación, de país, con una visión estratégica y un sentido realista, y que podamos movernos hacia adelante con una agenda social, pero que a la vez superemos esta situación de que cada año estamos dejando de aplicar una serie de leyes”, reiteró.

A su juicio en el país y dentro del gobierno hay conciencia de que ha llegado el momento de hacer ese diálogo, que propone con la mejor buena fe.

El 4% para Educación Respecto a la asignación del 4% para la educación, el consultor jurídico plantea que cuando se cumpla la primera etapa de aplicación de esa ley y se concluya la construcción de todas las escuelas y se ponga en ejecución plena la tanda extendida, ese porcentaje debe ser revisado, y en vez de ser aplicado bajo el concepto del Producto Interno Bruto, se aplique en función de los ingresos fiscales del gobierno.

Precisa que para el 2017, el 4% del PIB, que se destina a la educación absorberá casi 30% del presupuesto.

“Yo creo que está muy bien lo que se está haciendo, la población está apoyando al gobierno en su labor en el área educativa, como dice el Presidente de la República, esto dinamiza la economía, pero una vez cumplido ese primer ciclo debe ser revisado en función de los ingresos de la nación”, sostuvo.

En su artículo 63 numeral 10, la Constitución de la República establece que haya una ley que establezca un fondo mínimo como asignación presupuestaria para la educación. “Yo entiendo que debe pasar, no ahora en lo inmediato, pero sí cuando se cumpla esta gran tarea de construcción de aulas, de darle al país las escuelas y las aulas que den cobertura a los estudiantes y se ponga en funcionamiento la tanda extendida de manera universal, hay que pasar del Producto Interno Bruto a un porcentaje de los ingresos tributarios”, agregó.

(+) LEYES DE ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO En la legislación dominicana existen unas 28 leyes que asignan porcentajes exclusivos del Presupuesto Nacional y recaudaciones especiales a igual número de instituciones del Estado, las cuales, según las explicaciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de ser aplicadas absorverían 60% del monto global.

Entre esas asignaciones están las alcaldías con un 10; fondos del Presidente un 5%; la UASD un 5%, el Conani con un 2%; el Banco Central con 1.2%; el Congreso Nacional 3.10%; Poder Judicial con 2.66%, la Junta Central Electoral con 1.5%; para el Ministerio de la Juventud 1.0%; para el Fondo de Calamidad Púbica 1.0%; Procuraduría General de la República 1.44%; 2% para la Dirección General de Impuestos Internos y 4% para la Dirección General de Aduanas.

De igual modo, 4% para Educación, 5% de recaudación de Hidrocarburos destinado al Fondo para la Energía Alternativa; 50% de la venta de la tarjeta Turística para el Ministerio de Turismo, 0.30% del Fondo General para la Cámara de Cuentas y 0.25% del Fondo General es destinado a los partidos Políticos.

Además, Impuestos Internos usa 0.50% de su recaudación efectiva, el Ministerio de Deportes utiliza 30% de las recaudaciones del impuesto a los tragamonedas; 8% del impuesto selectivo al tabaco lo usa el Instituto del Tabaco, entre otros.