Fallos cuestionados causan la destitución de 52 jueces

Un total de 121 jueces fueron sometidos a juicios disciplinarios en los últimos 18 años, al ser acusados de incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, principalmente por dictar fallos favorables a imputados, cuyas decisiones fueron cuestionadas públicamente tanto por particulares como por el ministerio público.

Los sometimiendos disciplinarios hechos desde 1998 concluyeron con la destitución de 52 magistrados, la suspensión de 18 sin disfrute de sueldo, por lo general por 30 dÏas, y la amonestación por escrito a cinco.

En tanto, 37 fueron descargados, hubo dos archivos definitivos, tres querellas desestimadas y 9 renunciaron para evitar el juicio disciplinario, según datos disponibles en el portal del Poder Judicial.

El 80 por ciento fueron hombres, un total de 89, de los cuales fueron destituidos 42.

Mientras, 20 por ciento fueron mujeres, con un total de 32, de las cuales fueron canceladas 10.

Los jueces del área penal fueron los que emitieron más fallos escándalosos, a tal punto que diversos sectores pidieron la modificación del Código Procesal Penal, atribuyéndole que favorecía a los imputados.

Los jueces ejercían sus funciones en diferentes instancias judiciales, desde los juzgados de paz hasta las cortes de apelación.

Los juicios fueron conocidos, primero, por la Suprema Corte de Justicia, que tenía atribuciones disciplinarias, luego, por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), máximo órgano disciplinario creado en la Constitución del 2010.

La variación de medidas de coerción de prisión preventiva por libertad bajo fianza, ordenar libertad de imputados sin celebrar audiencia de medida de coerción, intento de soborno, dar libertad bajo fianza sin justificación y negociar con sentencias, figuran entre las actuaciones que dieron origen a las destituciones.

Otros motivos fueron incurrir en actitudes indecorosas hacia el personal femenino, realizar actividades incompatibles con sus funciones de juez, faltas graves en la conducción de las audiencias y manejo de los expedientes, así como también no hacer declaración jurada de bienes conforme al incremento de su patrimonio, ni llevar el protocolo de las sentencias, entre otros.

En el 2016 se produjeron las últimas cinco destituciones. En septiembre pasado el CPJ destituyó a la jueza Aristilda Mercedes Rodríguez, de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de La Romana, por favorecer con la libertad pura y simple a cinco venezolanos apresados por el alijo de 359 kilos de cocaína incautados en una aeronave en el aeropuerto de La Romana, el 7 de septiembre del 2016.

En julio de este año también fueron destituidos los jueces Víctor Mejía Lebrón, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa misma jurisdicción, y José Dionisio Duvergé Mejía, de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de Santo Domingo, acusados de formar una red dedicada a manipular procesos judiciales y de negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción. En mayo, fue destituido Juan Antonio Lazala Bautista, juez de la Instrucción de Constanza, por variar la medida de prisión preventiva por garantía económica a un acusado de homicidio voluntario, bajo circunstancias cuestionables.

Anteriormente, el 24 de febrero del 2012 fue cancelada la jueza Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil y Comercial de La Romana, por emitir una decisión basándose en un contrato de promesa de compraventa que no fue depositado; fallar asuntos de amigo y compadres y abogado a su servicio en ocasiones, sin tomar ninguna medida de prudencia, entre otras irregularidades.

Ese mismo año, el 30 de octubre, se produjo la cancelación de la jueza Luisa Rosa García Polanco, de la primera Sala del Juzgado de Paz especial de Tránsito de Santiago, por declarar inadmisibles medidas de coerción sin celebrar audiencias, ordenando administrativamente la libertad de los imputados.

El juez de paz de Villa Bisonó, Santiago, Gabriel Marchena Adames, fue cancelado el 30 de octubre del 2012, por haber ordenado la libertad provisional bajo fianza en favor de un imputado que se le seguía un juicio penal por el asesinato de una mujer.

Dos años antes, el 20 de octubre del 2010, se produjo la cancelación del juez Rodolfo Orlando Frías Núñez, por variar con facilidad las medidas de coerción de prisión preventiva por la prestación de garantía económica y por comportamiento inadecuado en el manejo de los expedientes.

El 26 de noviembre del 2008 fue destituido el juez de paz de Villa Isabela, Puerto Plata, Arnulfo Guerrero, por ejercer la notaría en ese municipio, utilizando empleados del tribunal, asesorar y asistir a personas cuando tienen conflictos.

En la actualidad, la jueza Awilda Reyes Beltré, y el exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, enfrentan un juicio penal, acusados por el ministerio público, en ese entonces dirigido por Francisco Domínguez Brito, de dirigir una estructura que se dedicaba a vender sentencias para favorecer a imputados. Reyes Beltré fue suspendida y Arias Valera renunció. Ambos tienen prisión domiciliaria como medida de coerción.

(+) DESTITUCIONES POR DISTRITOS JUDICIALES MÁS EN REGIÓN ESTE: La zona Este del país aglutina la mayor cantidad de jueces que han sido destituidos y suspendidos de sus funciones desde el 1998, principalmente de las provincias La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Samaná, donde fueron cancelados 14 magistrados y suspendidos dos, las cuales componen el Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.

En términos de distrito judicial, como está dividido el sistema de administración de justicia, el de Santiago ocupa el segundo lugar, pues de allí proceden nueve de los jueces destituidos y cuatro de los suspendidos. Ese distrito judicial comprende las provincias de Santiago y Mao.

Luego continúa el Distrito Judicial de Barahona, con seis, cuatro destituidos y dos suspendidos; San Cristóbal, con cuatro destituidos y uno suspendido, y Puerto Plata, donde se registran cuatro destituidos.