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LA COMPRA DE ACCIONES

A inversores extranjeros les interesa Punta Catalina

SE CONOCIÓ QUE ESTOS SECTORES INTERESADOS SON DE ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y ASIA

Tres empresas internacionales del sector eléctrico, con sede matriz en Estados Unidos, Europa y Asia, están muy interesadas en adquirir acciones en la planta generadora de energía Punta Catalina, que construye el gobierno en la comunidad quedel mismo nombre, en la provincia Peravia, para cubrir parte del déficits energético existente en el país.

De manera separada, inversionistas de estas empresas ya se han acercado al gobierno para manifestarle su interés de formar parte del proyecto, en el que también empresas locales están interesadas en adquirir acciones, según informó a Listín Diario una fuente de entero crédito.

“Tenemos ya unas tres empresas internacionales que se han acercado, pero todo se hará de manera transparente, de forma tal que nadie pueda hacer ningún tipo de cuestionamiento”, precisó la fuente, al referirse a la puesta en venta de acciones en Punta Catalina por parte del gobierno.

El proyecto Punta Catalina consiste en la construcción de una Central Termoeléctrica con una capacidad de 720 Mw, integrada por 2 unidades de 360 MW, cada una, para la generación de energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado.

Contará con la instalación de una terminal de recepción de carbón para barcos auto-desgargantes, con una capacidad máxima de 80.000 toneladas, así como todas las instalaciones de apoyo, como patio y correas transportadoras cubiertos para el almacenaje y transporte del carbón; sistemas de descarga, de refrigeración y de tratamiento de agua y una sub estación eléctrica.

Al introducir el proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional, el gobierno está proponiendo en venta las acciones que tiene en la planta generadora de energía en Punta Catalina, por mil millones de dólares, para fortalecer el presupuesto general del Estado correspondiente al año 2017.

Así está consignado en la carta de motivación que envió el presidente Danilo Medina al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, acompañando el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado.

El mandatario alegó que el financiamiento requerido para sustentar el nivel de gasto contemplado para el 2017 se proyecta en 171,886.0 millones de pesos, menor que en 3,130 millones al monto del presupuesto de 2016.

Para la venta de las acciones, el gobierno se propone llevar a cabo una licitación “con todas la de la Ley” y la transparencia posible en la que participarán los inversionistas nacionales y extranjeros.

Según las explicaciones ofrecidas a Listín Diario, los interesados internacionales se han acercado al gobierno para conocer e investigar sobre la forma en que será llevado a cabo el proceso.

“Esas empresas ya se han acercado y están muy interesadas; han insistido en cuál será el proceso a utilizar. El gobierno hará la licitación; en su momento se hará el anuncio y cuando se haga será con toda la transparencia posible. Las empresas son americanas, europeas y asiáticas”, sostuvo la fuente.

Por el momento, esta rehusó dar a conocer los nombres de las empresas, pero dijo que son de gran credibilidad y poder económico en el ámbito internacional.

La decisión del Presidente En principio, cuando el presidente Danilo Medina inició el proyecto de las plantas a Carbón, algunos sectores empresariales se oponían a que el gobierno entrara en el negocio energético.

En una ocasión, el propio jefe de Estado denunció que los generadores estaban entorpeciendo la solución al problema energético nacional.

Posteriormente, Medina, al participar como orador en la Cámara Americana de Comercio, lanzó un ramo de olivo al sector empresarial al proponerle participar en la generación eléctrica de las plantas a carbón de Punta Catalina.

En esa misma alocución el jefe de Estado explicó que el motivo del Gobierno de impulsar la generación eléctrica a partir de las plantas a carbón, no era que el Estado opere como empresario en la generación de electricidad, sino que no podía permanecer de brazos cruzados ante el alto costo de generación.

“Quiero aprovechar la oportunidad que se me ofrece hoy en este escenario para anunciar al país que el Gobierno dominicano desea contar con la participación privada, nacional y extranjera en la empresa. de generación de Punta Catalina”, dijo en esa ocasión a los empresarios.

Ya para esa fecha el presidente Medina manifestó el interés de inversionistas extranjeros en asociarse con el Estado.

Antecedentes La Central Termoeléctrica Punta Catalina se construye en la comunidad de igual nombre, en Baní, desde finales de 2013. Está compuesta por dos unidades de última generación de 360 megavatios (mgw) cada una, que aportarán al Sistema Eléctrico Interconectado (Seni) 720 megavatios. Garantizará el suministro de energía eléctrica por más de 25 años.

Está diseñada tomando en consideración la importancia, tanto de la eficiencia de esta, como de cumplir con los más altos estándares internacionales exigidos por instituciones financieras como el World Bank, IFC etc., en materia ambiental, a fin de asegurar la protección y preservación tanto de la salud, como de los ecosistemas existentes, garantizando la correcta gestión y desempeño ambiental.

EL SUBSIDIO ELÉCTRICO Y LOS CONTRATOS En ocasiones, el presidente Medina ha manifestado que solo por concepto de subsidio, en los últimos 10 años el Gobierno ha tenido que desembolsar más de US$9,000 millones al sector eléctrico.

“O sea, estamos hablando de que todos los años ha habido que entregar US$1,000 millones como subsidio a ese sector”.

A esta situación se agrega, la forma en que fueron hechos los contratos sobre compra y venta de energía, a través del Acuerdo de Madrid, en los que el Estado quedó amarrado por muchos años, por las fallas que cometieron quienes hicieron las negociaciones.

Al respecto, el vice presidente de la Corporación Eléctrica de Empresas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, ha explicado que esa entidad concentra sus esfuerzos de mejora energética Al participar en uno de los desayunos de LISTÍN, Bichara dijo que “ a diferencia del Acuerdo del Madrid, no se incluirían cláusulas como la indexación de los precios de los combustibles destinados para la generación de energía, en las licitaciones de largo plazo, donde la industria eléctrica tenía la facultad de subir sus tarifas en caso de que los carburantes experimentaran alzas, mientras que no tenían la obligación de reducir su precio por kilovatio/hora en los casos en los que los derivados del petróleo bajaban de precio.

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