Las AFP bajo la lupa

En estos días, las Administradoras de Fondos de Pensiones están siendo asediadas y cuestionadas por algunos sectores de la opinión pública, lo que a entender de quien suscribe, responde a dos razones fundamentales: primero, a la extraordinaria rentabilidad que exhiben como gestores de los fondos que administran; y segundo, a lo que viene sucediendo precisamente en el país que inventó el sistema de pensiones del cual estas instituciones son protagonistas. Iniciemos por esto último.

Chile, el pionero En noviembre de 1980, José Piñera, ministro de trabajo del general Augusto Pinochet, anunció a los trabajadores chilenos la implementación de un nuevo sistema de pensiones que prometía ser más generoso y sostenible que el existente.

Se trataba de una decisión donde el país sudamericano se apartaba de la tradicional modalidad de reparto solidario, donde la fuerza productiva de hoy, por vía del Estado, paga las pensiones de quienes se retiraron ayer, decantándose por la inédita modalidad de la capitalización individual, donde cada empleado, con aportes complementarios de su empleador, contribuía de manera individualizada a su pensión, lo que representó, esencialmente, la privatización de la Seguridad Social.

El ministro Piñera, al develar el nuevo sistema, prometió a los trabajadores chilenos que, llegada la hora de su retiro, la modalidad de capitalización individual, tutelada por las administradoras de fondos de pensiones, les garantizaba al menos un 70% de su última remuneración. Ahí radica el problema.

Cientos de miles de chilenos han salido a las calles a protestar, porque resulta, según sus principales promotores, que lo prometido no se ha cumplido, y en la actualidad solo están recibiendo, en promedio, alrededor del 38% de la última remuneración, lo que demostraría que el cálculo detrás de la tasa de reemplazo, aquella que determina qué porcentaje de nuestra última remuneración recibiremos como pensión al retirarnos, falló miserablemente. Pero esto no termina ahí, porque todo ocurre dentro de un contexto. Esta luce ser la realidad de los trabajadores chilenos que van entrando en retiro, al tiempo que las AFP, regentes de los 160 mil millones de dólares pertenecientes a más de 10 millones de afiliados, exhiben niveles de rentabilidad prodigiosos y codiciados por cualquier industria o mercado, al punto que algunos informes apuntan a incrementos de rentabilidad, entre un año y otro, superiores a un 60%. Y esa, es la fuente de indignación de quienes han tomado las calles para pedir la desaparición de las AFP.

¿Quiere decir esto que el modelo de capitalización individual, tal como es el dominicano, debe ser desmontado y sustituido por uno de reparto solidario, a semejanza de los que funcionan en la gran mayoría de los países del mundo?

Capitalización individual Vs reparto solidario Lo que sostiene más firmemente la lógica de la necesidad de un sistema de capitalización individual sobre uno de reparto solidario, es la tendencia demográfica que se observa, prácticamente, en el mundo entero. Para que un sistema de reparto solidario, donde los jóvenes trabajadores sostienen a los adultos mayores en retiro, pueda ser funcional y sostenible, se requiere que los primeros superen con creces a los segundos, y los reducidos niveles de natalidad, lo que se conoce como la inversión de la pirámide poblacional, ya no garantizan esto. También, hemos de sumarle el aumento significativo que se ha verificado en nuestra esperanza de vida, lo que quiere decir que, mientras hace unas décadas, el trabajador en retiro solo hacía uso de sus pensiones por seis o siete años, hoy en día, podría requerir de esta, por 20 o 25 años.

A pesar de lo anterior, los sistemas de reparto tienden a ser más bondadosos que los de capitalización individual, porque los mismos no operan bajo criterios de eficiencia o sostenibilidad (recuerde que son del Estado), y simplemente se fijan tasas de reemplazo cuyos costos van con cargo al futuro.

Si ambos operaran sin algunos de los vicios sistémicos existentes, sería objetivo plantear que el sistema de capitalización individual es más justo que el de reparto solidario, toda vez que este termina siendo el resultado del esfuerzo productivo de cada quien, ajustado por las fluctuaciones de mercado y los episodios inflacionarios que forman parte de la vida real. Pero hasta la justeza es interpretativa, porque también se podría argumentar que lo justo sería que el Estado, a través del reparto solidario, garantice tasas de reemplazo fijas y elevadas, sin importar lo que cuesten, porque al fin y al cabo para eso está el Estado: para servirnos. Pero sabemos que la realidad es mucho más compleja de ahí, y que para sostener sistemas de reparto solidario ineficientes (casi todos), hace falta mayores recursos, algo que solo puede alcanzarse por dos vías: a través de mayores impuestos, o redistribuyendo las asignaciones presupuestarias existentes, y ambas, desde luego, provocarían descontento en los sectores poblacionales que serían afectados por estas medidas.

Sin embargo, ese brevísimo ejercicio consistente en esbozar determinadas realidades del sistema de reparto solidario para revelar algunas de sus falencias, es igualmente aplicable al sistema de capitalización individual, y cuando lo hacemos, descubrimos rasgos que también mueven a preocupación.

No solo en Chile protestan contra el sistema y las AFP; los peruanos empiezan a observarlas con ojeriza, lo mismo que en Argentina y la República Dominicana, y el meollo siempre es el mismo: las pensiones de los trabajadores no devienen suficientes, mientras las AFP exhiben rentabilidades exorbitantes. Cada caso tiene sus particularidades, y el dominicano, desde luego, es bastante especial.

EL CASO DOMINICANO

Las AFP están siendo cuestionadas desde múltiples litorales de la sociedad dominicana, aunque no porque haya una insatisfacción generalizada con los niveles de las pensiones de los trabajadores retirados, ya que nuestro sistema es relativamente incipiente, y habremos de conocer nuestras reales tasas de reemplazo solo cuando se verifiquen los retiros en masa que se producirán dentro de 15 o 20 años.

Los cuestionamientos, aún tímidos, han venido por la irritación que ha causado aprehender lo beneficioso que resulta administrar el patrimonio de los trabajadores dominicanos.

Sin necesidad de entrar en los detalles acerca de las fuentes de ingreso que la ley 87-01, en su artículo 86, prevé para las AFP bajo las figuras de la comisión mensual por administración del fondo personal, y de la comisión anual complementaria aplicada al fondo administrativo, lo cierto es que las AFP registran niveles de rentabilidad sobre patrimonio que más que cuadruplican aquellas de los trabadores. Porque si bien es cierto que, tal como anunciara al país la ADAFP en amplios espacios pagados, las utilidades de las AFP para el 2015 fueron de 3,105 millones, y las de los trabajadores de 26,661 millones, cuando estas las relativizamos sobre la base de los patrimonios (activos menos pasivos), nos encontramos con la siguiente realidad: mientras que los trabajadores acumularon 26,661 millones de utilidades, estas fueron sobre un patrimonio de 340,519 millones, lo que resulta en una rentabilidad de un 7.8%; las AFP lograron utilidades por 3,105 millones sobre un patrimonio de 8,622.9 millones, lo que coloca su rentabilidad en un 36%.

¿Es esto ilegal? No, no lo es, porque esto lo han logrado apegados a la ley, pero desde luego no es inteligente, ni para las AFP ni para el legislador llamado a regular sus operaciones.

El legislador debe actuar en función de los intereses del colectivo, y debe entender que el esquema actual atenta contra la cohesión social que solo garantiza vivir en sociedades que vindiquen la equidad y la justeza como el hilo conductor de sus actuaciones.

Las AFP han demostrado no ser tontas, como cuando decidieron voluntariamente reducir la comisión complementaria de un 30% a un 25%, ante lo que se veía como el conato de una crisis. Deben de mirarse en el espejo de las AFP chilenas, y en aras de garantizar la sostenibilidad de su tan lucrativo negocio, ser proactivos en propiciar reformas que revistan sus actuaciones de legitimidad, aunque estamos conscientes de que esto, probablemente, sería pedirle peras al olmo. Lo que deben entender es que la alternativa sería peor. Los chilenos están convencidos de que la solución está en volver al sistema anterior y que desaparezcan las AFP, cuando realmente, la solución podría estar en simplemente mejorar su funcionamiento. Pero ojo: los chilenos ven a las AFP como el villano de la historia, y exigen para ellas drásticas consecuencias. ¿Creen las AFP, si algo similar llegase a pasar aquí, siendo nuestros políticos tan oportunistas y populistas, que no terminarían ellas siendo la ofrenda de pan y circo demandada por el pueblo? Ojalá y lo piensen bien.