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Justicia

Procesan 65,310 casos de delitos ambientales

TRIBUNALES ESTÁN FACULTADOS PARA IMPONER MULTAS Y DECOMISOS

Un informe que indica que el ministerio público especializado en la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales procesó 65,310 casos por delitos ambientales a nivel nacional, en el período comprendido entre el primero de enero al 30 de octubre del 2015.

En las memorias de rendición de cuentas publicadas por la Procuraduría General de la República el año pasado afirma que esa unidad del ministerio público, que dirige la procuradora Francia Calderón, reportó que en el transcurso de 2015 sometió 210 casos por ante los tribunales de la República, con el objetivo de que se cumplan las leyes relativas a la preservación del Medio Ambiente. Se logró la imposición de medidas de coerción en 137 expedientes.

Las personas que incurran en la comisión de delitos ambientales son pasibles de ser condenados penalmente, con sanciones incluye, entre otras, de prisión de seis días hasta tres años.

Al menos 8 tipos de infracciones ambientales son contempladas y sancionadas por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que creó una unidad especializada para perseguir y someter a la justicia a quienes violen las disposiciones legales en esa materia. En la lista de crímenes en contra del medio ambiente y los recursos naturales figura producir alteraciones, daños o perjuicios dentro del sistema nacional de áreas protegidas y el corte o destrucción de árboles en áreas forestales de protección y en zonas frágiles.

Constituye una infracción ambiental también realizar actividades que dañen de forma considerable o permanente los recursos naturales, entre otras actuaciones ilícitas.

El presidente de la República, Danilo Medina, advirtió el domingo pasado que impondrán sanciones drásticas para las personas que deforesten las montañas dominicanas, durante una visita sorpresa que realizó a la comunidad de Hondo Valle, de Elías Piña, donde anunció un proyecto para recuperar las riquezas forestales y crear fuentes de ingresos.

La persecución de esos delitos corresponde a la Procuraduría General para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, una unidad especializada que fue creada el 18 de agosto del año 2000, mediante la Ley 64-00.

El documento señala que los casos se generaron en base a las denuncias y querellas interpuestas por ciudadanos, organizaciones ambientalistas, organizaciones comunitarias, el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones del Estado, así como por el Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad Ciudadana 9-1-1.

LAS SANCIONES Además de prisión, por la comisión de los delitos ambientales los tribunales también están facultados para imponer multas, y el decomiso de materias primas, herramientas y vehículos que provengan de la violación cometida. Como sanción, los jueces, además, pueden ordenar el retiro temporal o definitivo de la autorización, licencia o permiso otorgado para ejercer las actividades que hayan causado el daño y disponer la obligación de reparar, reponer o restituir a su estado original el recurso natural eliminado o destruido

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