Exfiscal defiende el acceso de las mujeres a una justicia eficaz

El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero consideró ayer que se hace necesario procurar que las mujeres puedan acceder a una justicia eficaz, cercana y totalmente gratuita, lo cual no ocurre en la actualidad.

Dijo que ese el principal problema que se tiene que abordar para lograr no tan solo el registro de las denuncias, sino la imposición de las sanciones al agresor, que garanticen su rehabilitación, la indemnización y protección futura de las víctimas.

El actual juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), habló en esos términos en una carta enviada al director del Listín Diario Miguel Franjul felicitándolo por el editorial del pasado sábado, titulado “Mujeres en peligro”, respecto a la efectividad de las denuncias hechas por las mujeres víctimas de violencia, a partir de las escasas sentencias dictadas por los tribunales.

Sostuvo que entendiendo esa problemática, e interesado en el tema, redactó un proyecto de ley que el entonces presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, acogió con entusiasmo e hizo aprobar en dos ocasiones, sin embargo en ambas oportunidades perimió en la Cámara de Diputados.

A continuación el texto íntegro de la carta

Distinguido señor Franjul:

Permítanos felicitarle por el acertado análisis que hace en el editorial del pasado sábado, titulado “Mujeres en peligro”, respecto a la efectividad de las denuncias hechas por las mujeres víctimas de violencia, a partir de las escasas sentencias dictadas por los tribunales.

Consideró que el principal problema a abordar para lograr, no tan solo el registro de las denuncias, sino la imposición de las sanciones al agresor, que garanticen su rehabilitación, la indemnización y protección futura de las víctimas, consistente en procurar que las mujeres puedan acceder a una justicia eficaz, cercana y totalmente gratuita, lo cual no ocurre en la actualidad.

Entendiendo esta problemática e interesado en el tema, redacté un proyecto de ley que el presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, acogió con entusiasmo e hizo aprobar en dos ocasiones, sin embargo en ambas oportunidades perimió en la Cámara de Diputados.

El proyecto de “Ley que facilita el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia”, adjunto a la presente, atribuye competencia a los 175 juzgados de paz ordinarios que operan en los municipios del país para juzgar y dictar sentencia del juicio “por infracciones relativas a la violencia contra la mujer e intrafamiliar, de las solicitudes de medidas de coerción y Orden de Protección solicitadas por la víctima, sus representantes, familiares y terceros afectados”.

Ordena dicho proyecto que el juicio se realice en una sola audiencia, aplicando las reglas del procedimiento común, adaptadas a la brevedad y sencillez, sin la comparecencia obligatoria de la mujer y facultándola a solicitar al juez de paz la Orden de Protección. Los fiscalizadores ante el juzgado de paz estarán asistidos de un trabajador social y un terapista familiar, cuyos informes serán considerados dictámenes periciales, pruebas esenciales para el juez evaluar la ocurrencia de lo denunciado y el daño causado. En la actualidad, la dificultad del acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia es grave, ya que con carácter de exclusividad corresponde a los 35 juzgados de la instrucción radicados en los municipios cabeceras dictar medidas de coerción y decidir la audiencia preliminar y cualquier otro asunto durante el procedimiento preliminar.

Por ejemplo, una mujer víctima de violencia que reside en Boca Chica o Pedro Brand, en caso de que el fiscal decida judicializar su caso tendrá que trasladarse al juez de la instrucción localizado en su tribunal de la avenida Charles de Gaulle casi carretera Mella; en cambio, si nuestro proyecto de ley fuese aprobado, esa mujer comparecería al juez de paz ordinario de su localidad.

En cualquier caso, las mujeres víctimas de violencia durante el proceso judicial deben ser asistidas por psicólogas para superar el impacto psicológico y emocional y las estimulen a mantenerse o insertarse en la vida laboral para no depender económicamente del agresor, como ocurre en el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, dependencia de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.

En conclusión, urge actuar con la adopción de una legislación acorde con nuestra realidad y dejar a un lado la organización judicial rígida que dificulta el disfrute del derecho fundamental de las víctimas al acceso a una justicia eficaz.

Con las consideraciones y distinción que nos merece, nos despedimos.