El marcado conflicto entre la ley y el orden

Al adoptar y establecer el Estado Democrático y de Derecho en la Constitución del año 2010, la nación dominicana prácticamente reafirmó en su nueva Carta Magna que el “Imperio de la ley” era y seguiría siendo una premisa fundamental, dejando claro que la ley está sobre cualquier otro principio gubernamental en el Estado.

Si partimos de la premisa de que el imperio de la ley se erige por sí mismo en un principio o un ideal ético político, que es “la piedra angular” en que se sustenta la legitimidad del ordenamiento jurídico del Estado, se está aceptando que todos los ciudadanos, el gobierno y sus funcionarios están sujetos indefectiblemente a esta.

Algunos teóricos lo denominan “nomocracia”, pues es un concepto de donde emanan guías para el control jurídico del poder, y a la vez, un marco de garantías frente a cualquiera, que da al ciudadano certidumbre, seguridad y predictibilidad, y que como principio normativo, está sujeto a una regla o ley fundamental que es la Constitución.

Francisco Laporta, en su obra “El Imperio de la Ley. Una visión actual”, afirma “que si las exigencias del imperio de la ley no están razonablemente satisfechas, lo que se pone en peligro no es sólo el buen funcionamiento del sistema jurídico, sino la propia autonomía personal, la capacidad de los individuos de controlar su vida y sus proyectos”, dejando de manera implícita la idea de que “para proteger a las personas es preciso someter al poder a normas jurídicas que se presenten predominantemente en forma de reglas”.

Traigo estas ideas a colación a propósito de la proliferación en las sociedades latinoamericanas de un “sentimiento de inseguridad” que se manifiesta con crudeza como una de las grandes preocupaciones sociales, como lo demuestran diferentes encuestas regionales, y en el caso específico de nuestro país, desde hace varios años, también la mayoría de los estudios de opinión locales.

En efecto, la última encuesta Gallup-Hoy, publicada hace solo unos días, ha puesto de manifiesto nueva vez la recurrencia de este “sentimiento” de inseguridad en los ciudadanos, en donde sale a relucir que solo la mitad de la población se siente segura en el lugar donde vive, destacándose que quienes más inseguros se sienten, por encima de la media nacional, son los más jóvenes y los más adultos, los residentes en la Zona Metropolitana (Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo), las personas que viven en las áreas urbanas y las mujeres. Paradójicamente son estas las zonas donde las autoridades realizan el mayor esfuerzo y despliegue de recursos.

Este dato, que parece haber pasado desapercibido para algunos, podría servir para sustentar la idea que motiva este escrito, y explicar en parte el elemento cultural que subyace en la percepción de inseguridad del dominicano, y lo que es peor aún, su influencia en la autoridad legitimada por el Estado para dar las garantías debidas al ciudadano.

Aunque está claro que la percepción de inseguridad es quizá una de las dimensiones más complejas en el estudio de la seguridad ciudadana, el miedo al delito es uno de los temas sociales a los que debe dar respuesta la política criminal de los países, por sus posibles repercusiones en otros ámbitos públicos, como la salud, la economía y “la interacción de los ciudadanos con el sistema de justicia”.

Numerosos estudios indican que los niveles altos de miedo al delito pueden traer consigo otras repercusiones, como afectar la conducta social en el espacio público, incrementar la demanda de vigilancia privada, y lo que es peor aún, incentivar formas privadas de hacer justicia y con ello amenazar la democracia, aspectos estos que de una u otra manera ya se hacen presentes en nuestra sociedad.

Cuando el 67.4% de la población manifiesta dudas acerca de cómo las autoridades están atacando la delincuencia, está poniendo de manifiesto la posible existencia de un “conflicto” entre la aplicación de la ley y sus resultados esperados, ya que según destaca la citada encuesta, del total de las víctimas de los actos delincuenciales, casi la mitad prefirió no denunciarlos a las autoridades, lo cual se explica por sí mismo en el hecho de que el 72% de los encuestados cree improbable que los autores de los delitos sean sancionados.

Pero si asociamos esta “percepción” a otras áreas de la estructura organizativa y funcional en que se sustenta el Estado, es fácil descubrir que los temores de la mayoría de los ciudadanos dominicanos no se circunscriben solo a la acción de la delincuencia, sino también a otras áreas como la inseguridad vial, medio ambiental o sanitaria, hasta llegar a aspectos más sensibles como la propia desconfianza en el sistema juridicial, convirtiendo este “sentimiento perceptivo” en un asunto de orden público, en cuyo caso lo que se estaría poniendo en entredicho es la capacidad del Estado para garantizar de manera confiable el funcionamiento de ciertas instituciones públicas y hasta privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades.

Partiendo de este supuesto, cuando los ciudadanos manifiestan de manera colectiva su preocupación por que perciben que el ejercicio de sus libertades está siendo obstaculizado, puede que se esté enviando una clara señal de que quizás hay elementos del sistema que no están funcionando adecuadamente, que están funcionando de manera limitada o que es necesaria una revisión, modificación o reforma profunda del sistema o alguno de sus componentes.

En este contexto, y a pesar del enorme impulso económico y la adecuada guía operacional que el Gobierno está dando a las fuerzas legitimadas por el Estado para garantizar el orden público, es indiscutible el hecho de que la “percepción” está superando la realidad, planteando en la práctica una falta de actitud para la ejecución correcta y preventiva de la ley, que puede poner en riesgo el estado de orden imprescindible para el ejercicio democrático.

EL AUTOR ES MIEMBRO FUNDADOR DEL CÍRCULO DELTA