Ley de Armas surge con un difícil futuro

El proyecto de Ley de Porte y Tenencia de Armas, iniciativa del diputado Víctor (Ito) Bisonó, que permitiría a los civiles adquirir armamentos de guerra, es un trago amargo con difícil futuro y posiblemente objeto de veto si llegara al despacho del Poder Ejecutivo.

De ser aprobada esa pieza, que por cuarta vez pasó por el Congreso sin ninguna suerte, se autorizaría a que civiles tengan fusiles y carabinas, entre otras armas largas, como permite la ley en Estados Unidos, país sacudido por las masacres.

La iniciativa del diputado Bisonó pudiera estar llena de buenas intenciones, al ver a qué grado ha llegado la inseguridad en el país, pero parecería discutible al decir de los contradictores, que su aprobación pueda mejorar las cosas.

Quizás el hecho de que el proyecto se haya introducido en la Cámara de Diputados en cuatro ocasiones, sin encontrar la atención del Senado para convertirlo en ley, indicaría su complejidad y el temor de los legisladores de que al final no sea lo conveniente.

Al parecer la mayoría de los legisladores no querrían comprometerse con una nueva Ley sobre la materia que incrementaría el armamentismo y que, según algunos de los críticos afirman, solamente ayudaría a incentivar los negocios de ventas de armas.

El proyecto no se apega mucho a la personalidad del diputado Bisonó, del PRSC, uno de los congresistas más lúcidos y a quien difícilmente se le podría acusar de estar siendo un portaestandarte de las empresas que han armado al país, con fines rentables.

La queja contra el proyecto por parte del doctor Sergio Zarita, un reconocido patólogo y hombre público de trayectoria muy limpia, advirtiendo que la aprobación del mismo podría motivar masacres, debe ser vista con cuidado.

Pocos como el doctor Zarita y los médicos que atienden día a día los servicios hospitalarios sobre todo del Estado, pueden tener mayor calidad moral para hacer juicios, puesto que por sus manos pasan los interminables casos de muertes por armas de fuego.

Bisonó culpó a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, de que el proyecto perimiera en la recién cerrada legislatura, lo que quizás ella no vea como insulto sino como expresión del desinterés de los legisladores y sectores importantes de la población.

Desarme total La idea que algunos plantearon en 1996 cuando el PLD llegó al poder por primera vez fue que debía producirse un desarme total de la población, dejando las armas de fuego únicamente para las personas responsables que las tenían para defender fortuna y familia.

Esos permisos, que incluían a profesionales, empresarios y comerciantes estarían antecedidos de exámenes de salud mental y otros requerimientos, tomando en consideración las responsabilidades de tener un arma de fuego.

Se discutía también establecer la diferencia entre el porte y la tenencia, lo que habría permitido que prevaleciera lo segundo para que la gente defendiera, por ejemplo, el hogar. El porte se ha ido relajando al punto de que un platanero del mercado tiene su arma al cinto.

Quizás en el primer gobierno del PLD no se vio como necesario desarmar a la población porque el mismo nació del maridaje con el PRSC y se habría estimado que muchos de los portadores de armas provenían de esa filiación o de esa simpatía.

Posteriormente, ya en el gobierno del PRD, convertida la secretaría de Interior y Policía en agencia recaudadora, se aligeraron tanto los trámites para la tenencia y porte de armas que se autorizó al Consulado General en Nueva York, a tramitar permisos.

Eso incentivó que gran cantidad de personas indeseables, acostumbradas al uso de las armas en Estados Unidos, aseguraran sus permisos aquí para cuando vinieran de vacaciones o definitivamente. La recaudación creció pero al ritmo de la delincuencia.

Ahora cualquier tígure, de barrio o hijo de papi y mami, tiene a su disposición un arma de fuego; las discotecas y los bares están llenos de gente armada y no hay respeto para nadie porque no pasa una semana sin que ocurran varios hechos por el uso de las armas.

El encanto de armarse El armarse tiene ahora un encanto entre la población no solamente delincuente, que la usa como parte de su mal quehacer al compás del crecimiento del sicariato, la delincuencia común y los delitos ligados con las drogas, sino por la prepotencia natural dominicana.

El año que viene cuando sean elegidos las nuevas autoridades entre ellas senadores, diputados, síndicos, regidores y delegados municipales, lo primero que harán los que no estén armados será pedir que los artillen, con permiso oficial. Después, la yipeta.

Se trata de un encanto dominicano por las armas, que refuerza la personalidad del machismo y coloca a los portadores como ciudadanos de una clase superior, aunque vivan en arrabales como los casos frecuentes de asalto por parte de jóvenes delincuentes muy pobres.

De tantas armas en las calles en manos de irresponsables, los que verdaderamente requieren de su porte están arrinconados, inclusive los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, que guardan el uniforme, salen de civil, y fuera del servicio andan desarmados.

La Policía ha divulgado recientemente una lista de sus miembros que han sido atacados en las calles para despojarlos de las armas de fuego con las cuales los delincuentes juntan un arsenal para la comisión de tropelías o las venden a buenos precios en el mercado, que se alimenta también con el contrabando desde Haití.

El pasado fin de semana fue asesinado en San José de Ocoa, un pueblo tradicionalmente tranquilo, el comandante de la Dirección Antinarcótico, de la PN, DICAN, por dos desconocidos en el parque central de allí.

El problema del armamentismo tiene en jaque a la sociedad norteamericana, donde defensores del porte y tenencia de armas de fuego están enfrentados en discusión ante la vista consternada de la población por los tantos casos individuales y las masacres.