DE INDOTEL Y PGR
Diputados escuchan opiniones de funcionarios
Los funcionarios pertenecen a Indotel y a la Procuraduría.
La Comisión del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, como parte del estudio del proyecto de ley que prohíbe y establece el bloqueo de señales de celulares en los centros penitenciarios en el país, escuchó ayer las opiniones de funcionarios del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y de la Procuraduría General de la República.
La presidenta de la comisión, la diputada Adalgisa Pujols, acompañada de los demás miembros, escuchó la opinión de Luis Scheker y de Luz Marte, del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones; de Wilson Camacho, de la Procuraría General de la República, y de Ismael Paniagua, director de la Escuela Penitenciaria.
La iniciativa del diputado Juan José Morales expresa en una de sus motivaciones la necesidad de que se usen estos sistemas bloqueadores de señales de telecomunicaciones como medida para combatir delitos, crímenes, tráfico de drogas y otras violaciones a las leyes, que con frecuencia se realizan mediante el uso de los celulares en las cárceles.
Luz Marte, de Indotel, precisó que a pesar de los comentarios que pudiera hacer en la reunión, entregará por escrito en un plazo de 10 días la posición de esa institución sobre el referido proyecto de ley.
En ese sentido, hizo referencia al decreto 564-11 que controla el uso de equipos de telecomunicaciones por parte de reclusos y autoriza la instalación de aparatos inhibidores de servicios telefónicos en las cárceles.
Indica que el decreto se queda limitado debido a que lo ideal sería la adquisición de los aparatos, y que los mismos se coloquen en las cárceles, y hace una serie de motivaciones que justifican la legalidad de la medida.
Sostuvo que el proyecto de ley que está en discusión es más abarcador, debido a que delega competencias específicas en instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la República.
Entiende que hay varias consideraciones del decreto que podrían rescatarse e incorporarse en el proyecto de ley para que perdure en el tiempo.
Mientras, Wilson Marte, procurador general de Análisis de la Criminalidad de la Procuraduría General de la República, considera que el problema de la comunicación telefónica en las cárceles no es una cuestión de normativa, sino de recursos.
Indicó que si se otorgaran los recursos económicos a la Procuraduría, para la instalación de los bloqueadores de señales celulares en las cárceles, no habría necesidad de crear ninguna ley.