El juez de la Suprema Corte de Justicia, Juan Hiroíto Reyes, rechazó un pedimento presentado por el ministerio público, con el cual buscaba que el senador Amable Aristy Castro no objetara la decisión de retomar la investigación en su contra.

El magistrado, designado como juez de instrucción especial, alega que Aristy Castro tiene derecho a objetar el auto mediante el cual el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reactiva la investigación en su contra por supuestos actos de corrupción, al tiempo que ordenó la continuación de la audiencia para el próximo 25 de enero, a las 9:00 de la mañana.

El tribunal adoptó la decisión tras rechazar una petición de la subdirectora Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Laura Guerrero, de que se declare inadmisible la objeción al auto de revocación de archivo, elevada por el legislador por La Altagracia.

Los abogados del senador, doctores Ramón Pina Acevedo, Julio Cury, Marino Feliz y Ramón Núñez, habían pedido al tribunal rechazar el pedimento del ministerio público, por considerar que se violarían los principios de tutela judicial efectiva y derecho al debido proceso de Aristy Castro, así como el de igualdad de todos ante la ley. El juez sostiene en la sentencia que el Código Procesal Penal admite en la objeción del archivo a la víctima y al querellante, porque esa decisión le perjudica, “y lo mismo puede decirse para el presente caso en el cual la revocación tácita del archivo de que había sido objeto el imputado, Amable Aristy Castro, le perjudica”.

“La decisión del ministerio público de reiniciar la investigación, y la consecuente revocación del archivo, evidentemente produce una afectación a los derechos del imputado Amable Aristy Castro, en cuanto a su situación jurídica”, aduce el juez de instrucción especial. El pasado 12 de noviembre el Procurador General de la República emitió un auto mediante el cual dispuso la reapertura del expediente contra Aristy Castro, que había sido archivado de forma provisional por la DPCA, el 10 de agosto del año pasado. Domínguez Brito fundamentó la decisión en los supuestos actos de corrupción cometidos por Aristy Castro cuando fungía como secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD).