Tal y como aconteció en todo el país,  así se sucedieron las actividades en el Congreso Nacional durante el año que concluye. Un primer semestre lento y bajo las expectativas  de los resultados electorales que culminaron el 20 de mayo con la escogencia  de Danilo Medina como presidente de la República; para cerrar a “todo tren”, como varios proyectos que afectarán la vida de los dominicanos en el 2013, como la  reforma fiscal y el Proyecto de Presupuesto General del Estado.

Quizás por la inercia o lentitud de la primera  parte del año, o por la falta de interés, no se logró que los legisladores  no aprobaron los proyectos de Código Civil, Código Penal y Código Procesal Penal, que  una vez más tendrán que esperar un nuevo año.

 En esa misma situación se encuentran la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la escogencia del  Defensor del Pueblo, que es una figura contemplada en la Constitución del 26 de enero del 2010, todavía está pendiente de conocimiento. Hasta el presidente Danilo Medina cumplió con  el deber constitucional al asignarle 100 millones de pesos en el próximo presupuesto, pero los legisladores  plantean que sean reasignados a la Cámara de Cuentas.

Otras iniciativas que permanecieron en las comisiones de estudios, sin ser llevadas al pleno del Senado o la Cámara de Diputados,  fueron los proyectos de leyes de reforma de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así  como ley de regulación salarial del Estado, que estuvo a un “tris” de lograrse, pero fue observada por el entonces presidente Leonel Fernández, alegando que tenía aspectos inconstitucionales , porque chocaba con otras leyes como la Monetaria y Financiera, y no podría ser aplicadas a los empleados del Banco Central y Superintencia del Bancos.

La discusión en el Congreso de este proyecto de ley, preparado por el Ministerio de Admnistración Pública con el apoyo de organismos internacionales;  fue la génesis de los escándalos por los altos salarios y pensiones de algunos funcionarios públicos, que culminó con la destitución de  Haivanjoe Ng Cortiñas, y varios de sus colaboradores de la Superindencia de Bancos.

Precisamente en el Congreso quedaron pendientes varias propuestas, sobretodo de senadores, para transparentar y reforzar la supervisión  sobre el uso del dinero público, entre ellas,  una  para eliminar el famoso barrilito y limitar las exoneraciones de vehículos de motor que se les entrega a los legisladores.

Siguiendo lo que se ha convertido en una norma en los últimos años, el Congreso Nacional también fue el lugar a donde organizaciones o grupos de ciudadanos acudieron con pancartas a protestar por alguna decisión, o a reclamar la aplicación de algunos derechos o conquistas sociales.

Un año electoral
El proceso electoral provocó un  receso de 50 días que se tomaron los legisladores, entre el 10 de abril y el 30 de junio, para dedicarse al activismo durante las elecciones presidenciales y los posteriores “amarres”.

Pasado el proceso, los legisladores debatieron el Presupuesto complementario enviado por el entonces presidente Leonel Fernández, por RD$71,311 millones. Esto provocó algunas “fricciones” entre legisladores seguidores del presidente y los del mandatario electo cuando los segundos no sólo pidieron explicaciones sobre la solicitud de US$500 millones al entonces vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini,  sino que también se opusieron a una propuesta que vino junta al proyecto para financiar 15 grandes obras antes del 16 de agosto.

Finalmente el  complementario fue aprobado en julio, fecha en que los seguidores de Danilo Medina gestionaban que  la Ley General de Salarios fuera aprobada antes de asumir el poder, pero después de ser votadas por las dos cámaras, Fernández la vetó.

Nuevo gobierno y leyes
Juramentado Medina como presidente,  la reforma fiscal era el tema protagónico en el Congreso. Finalmente llegó en octubre la propuesta con la cual se buscaba aumentar los ingresos del Estado en RD$46 mil millones, precedida de negociaciones y “amarres”,  que llevó a empresarios, comerciantes, sindicalistas y otros sectores que serían afectados, hasta el Palacio del gobierno y el Congreso Nacional.

El paquete fiscal se hizo ley y luego  vino la amnistía concebida para complementarlo. Entre 250  a 300 mil millones de pesos se pretende recaudar con esta acción. A cambio el Gobierno  exonera del pago de moras e intereses, a los contribuyentes que no se han puesto al día en el pago de gravámenes.

Así, el Congreso, de nuevo, termina su  jornada con el Proyecto de Presupuesto, que está en discusión y donde  se plantea la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), a educación , que  había sido el principal reclamo de  la soidad dominciana en en el 2012.

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OTROS PUNTOS DE LA AGENDA LEGISLATIVA
Los Préstamos: Los congresistas aprobaron US$900MM en financiamientos; y  unos US$500 millones bonos para la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales  (CDEEE). Otros US$420 millones de préstamos aprobados por el Congreso, incluyen dos préstamos por US$226.8 millones para el saneamiento de la provincia de Santiago y la sanidad agroalimentaria. Otro  de 130 millones para combatir la pobreza a través de programas sociales.

Diputado a prisión: Ell diputado por Santiago Rodríguez, Ramón Antonio Fernández Martínez “Papo”,  fue condenado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a un año de prisión y enviado a la cárcel de Najayo por sustraer a una menor de 14 años de edad. 

Regalía a ayuntamientos: Al cierre, los congresistas aprobaron un proyecto de ley  para que el Banco del Reservas otorgue  un financiamiento de hasta mil millones de pesos para que los cabildos y las instituciones descentralizadas paguen el doble sueldo de Navidad y rechazó

un préstamo por RD$400 millones para la Liga Municipal Dominicana,  que utilizaría para la Unidad Municipal de Proyectos Especiales.