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VIOLENCIA DE GÉNERO

Más agresiones recaen sobre mujeres jóvenes

SÓLO EL 14 POR CIENTO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE SON RECIBIDOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO LLEGA A TRIBUNALES DEL PAÍS

La mayoría de casos de violencia de género que conocen los tribunales corresponden a mujeres jóvenes, estudiantes y amas de casa. En pocos casos se trata de mujeres profesionales, siendo el escenario donde se produce la violencia la propia casa donde viven. De su parte, los imputados de la agresión también son hombres jóvenes adultos que son o han sido parejas de las víctimas. Los datos salieron a relucir en un estudio cualitativo y cuantitativo de casos sobre violencia de género hecho por el Poder Judicial en el 2009, con los auspicios de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo (AECID). En el estudio, publicado en el 2010, se analizaron las características de 25 sentencias de jurisdicciones de primera instancia del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago, donde se concentra el mayor número de casos, con el propósito de evaluar la línea que han seguido los jueces al momento de fallar los expedientes. En cuanto al nivel de sensibilidad de los jueces, los resultados del estudio dicen que es equilibrado, porque aciertan en la medida de coerción que se debe aplicar, y en la pena, aunque arrojó que en algunas decisiones suelen acoger circunstancias atenuantes a favor del imputado, aún cuando el delito haya dejado golpes y heridas que causan lesión permanente. Es por eso que se le recomendó que a la hora de determinar la pena a imponer ponderen el nivel de productividad, reincidencia y arrepentimiento del agresor, y el historial de violencia y la condición especial de la mujer agredida, igual que el nivel de riesgo al que se expone, estando al alcance de su agresor. “Acoger en beneficio del agresor circunstancias atenuantes no es apropiado al amparo del principio de legalidad, ya que en vista del artículo 309 (del Código Procesal Penal) están prohibidas cuando se trata de violencia de género e intrafamiliar”, sostiene la magistrada Dulce Rodríguez de Goris, quien representa a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el Consejo del Poder Judicial y coordina la Comisión para la Igualdad de Género. Y considera que para los casos de violencia hay que tener sentido común, porque, aunque el Código Procesal Penal da mucha libertad a los jueces, todos los casos no son iguales. Advierte que, aunque la víctima querellante desista, debe continuarse con el proceso judicial. A los tribunales solo llega el 14% de los casos de violencia de género que recibe el ministerio público, precisó Iluminada González, encargada del Observatorio Justicia y Género del Poder Judicial. “Realmente es un porcentaje ínfimo en comparación con los casos que llegan al ministerio público”, estima González. Carmen Rosa Hernández, directora de la División de Familia y Género, resalta que el poder judicial es el último peldaño en la cadena de violencia por la que pasan las mujeres maltratadas. Destaca que con los estudios realizados monitorean la línea seguida por los magistrados al fallar y evaluan el trabajo realizado en los últimos años para la movilización y sensibilización. Han desplegado una serie de acciones para promover una mayor sensibilidad de los jueces, tomando en cuenta las recomendaciones que presentaron los propiciadores del estudio. Representantes del Poder Judicial reconocen que algunos jueces no están lo suficientemente sensibilizados, pero afirman que con las jornadas de capacitación desarrolladas se ha logrado un gran avance. El Poder Judicial ha creado varios departamentos que trabajan con enfoque de género, dice Rodríguez de Goris, Junto con el Ministerio de Educación, impartió un ciclo de talleres, en los que se capacitaron más de mil personas que servirán como multiplicadores en sus espacios de trabajo. Ha distribuido materiales educativos impresos y audiovisuales en los palacios de justicia y publicado varias obras sobre el tema. Participó en la elaboración del plan nacional de equidad de género. Rodríguez de Goris precisó que a través del Observatorio de Justicia y Género imparten talleres de sensibilización a magistrados y a personal del área administrativa. “El objetivo es lograr un cambio de actitud y mentalidad, dando seguimiento a la política de igualdad, garantizar la participación de las mujeres en los puestos de trabajo y potenciar el uso de un lenguaje no sexista”, asegura. (+)EL MONITOREO DE LAS DECISIONES JUDICIALESEl Pleno de la SCJ creó en el 2010 el Observatorio de Justicia y Género, mediante el cual da seguimiento a las sentencias y resoluciones emitidas por los tribunales. Propone políticas públicas y establece las pautas de actuación del Poder Judicial. Sugiere modificaciones legislativas encaminadas a conseguir una mayor eficacia y contundencia en la respuesta judicial. JUEZAPROGRAMAS DE CAPACITACIÓNDulce Rodríguez de Goris afirma que el Poder Judicial se ha preocupado por el auge de la violencia de género, especialmente por los feminicidios, por lo que ha desarrollado una serie de capacitaciones tanto a jueces como al personal administrativo, a través de diferentes instancias que ha creado en los últimos años. ACCIÓNUNA LABOR DE PREVENCIÓNCarmen Rosa Hernández sostiene que el trabajo del Poder Judicial no se ha limitado a monitorear la línea que han seguido los magistrados al fallar los casos, sino también a realizar acciones para lograr su sensibilización. Apunta que han hecho una labor preventiva, porque existe una preocupación en el poder judicial frente a esta problemática. VISIÓNPROPONE AUNAR LOS ESFUERZOSIluminada González entiende que trabajar contra la violencia intrafamiliar compete a todo el mundo y cada institución juega un rol. “Lo importante es encontrar una estrategia que aglutine todos los esfuerzos para dar una solución, porque a veces hablamos y hacemos, pero no vemos los resultados rápidos, y quizás lo que nos hace falta es una integración”, dice. Estudio para analizar sentencias sobre feminicidiosEl Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial es la contraparte nacional de un segundo estudio que será realizado para analizar las sentencias sobre feminicidios dictadas por los tribunales en los últimos seis años, durante el período 2006-2012. Este análisis es auspiciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el cual iniciará a principios de septiembre del 2012, pero desde ya se está armando la logística.

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