El presidente de la Suprema Corte de Justicia, declinó al Ministerio Público el sometimiento presentado en contra del procurador general de la República, por el ex banquero Luis Álvarez Renta, bajo los cargos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, desacato a la sentencia de un tribunal y de violar la Constitución y 15 artículos del Código Penal.

Mediante auto 69-2012, Mariano Germán Mejía declinó por ante la Procuraduría General de la República, el sometimiento presentado en contra Francisco Domínguez Brito, interpuesto por Álvarez Renta, a través de sus abogados Joaquín Zapata Martínez y Cerise Dronte.

En la instancia, Germán Mejía sostiene que se trata de una querella directa en razón del privilegio, en contra de Domínguez Brito, siendo éste de los funcionarios de la nación a que se refiere el inciso primero del artículo 154 de la Constitución de la República, por lo que el mismo tiene derecho a una jurisdicción especial para conocer de su caso.

En ese sentido, aduce que en el presente caso y por aplicación del artículo 32 del Código Procesal Penal, la querella de la que está apoderado no se encuentra dentro de las señaladas específicamente en dicho artículo, por lo que en consecuencia deberá proseguirse con la misma, bajo los lineamientos del proceso establecido en el Código procesal Penal, para las infracciones de acción pública.

La querella en contra del procurador fue presentada el pasado 10 de octubre, y está relacionada con la negativa de Domínguez Brito de acatar la sentencia emitida el 15 de septiembre por el Tribunal para la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante la cual dispuso que Álvarez Renta cumpliera un año de prisión domiciliaria para someterse a un proceso de cirugías y tratamientos de salud.

El tribunal ordenó también que se cumpliera la prisión domiciliaria “aún se interponga un recurso de apelación”, disposición que fue desacatada por Domínguez Brito.

En la querella se argumenta que  Álvarez Renta “ha venido confrontando serios problemas de salud, para los cuales ha requerido la atención de diferentes profesionales de la medicina, incluyendo diabetes, hipertensión, arritmia e insuficiencia cardíaca, apnea, y serios problemas gastrointestinales”.

El expediente dice que “la conducta del procurador general se traduce en desconocimiento del debido proceso y en abierto desacato de la Ley, en abuso de autoridad y en usurpación de funciones propias del Poder Judicial; todo ello, escudándose en una supuesta lucha contra la impunidad”.