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La República 21 Noviembre 2012
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REPORTAJE
Avanzan acciones a favor de mujeres
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESARROLLAN UNA SERIE DE ACCIONES PARA PREVENIR Y PERSEGUIR ESE DELITO SANCIONADO POR LA LEY 24-97.
  • Movilización. La caminata "Tolerancia cero hacia la violencia contra la mujer" unió a las instituciones que trabajan el tema y movilizó a miles de personas que participaron en la jornada.
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Wanda Méndez
wanda.mendez@listindiario.com
Santo Domingo

Después de que en 1997 se aprobó en el país una ley que sanciona toda forma de manifestación de violencia contra la mujer,  las acciones para perseguir y prevenir este delito no han cesado.  

Instituciones públicas responsables de esta tarea han puesto en marcha una serie de programas y campañas que han tenido una incidencia positiva en la población, especialmente en el segmento femenino, que se ha empoderado y denuncia las agresiones en su contra y  las amenazas.   

La apertura de 15 unidades de atención integral por parte del ministerio público ha significado un paso de avance, que ha proporcionado un espacio para que las mujeres no callen y ningún hecho quede impune. Solo en el 2011 esas unidades y las fiscalías recibieron más de 60 mil denuncias de parte de mujeres que fueron agredidas o amenazadas.  

“Cada vez más las mujeres están acudiendo a denunciar y eso es importante, porque contribuye a que la víctima no abandone el proceso judicial”, afirma Rosanna Reyes, procuradora de la Mujer.  

Desde el Ministerio de la Mujer se han desarrollado una serie de programas y campañas que han dado buenos resultados.  

“Si no hubiesen existido las estrategias de trabajar y empoderar a las mujeres, y de crear espacios para que las mujeres denuncien, hubiese una cantidad mayor de mujeres asesinadas”,  estimó María Ramos, directora de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer.  

Las primeras unidades de atención integral fueron abiertas en el año 2007.  

La Procuradora de la Mujer precisa que la idea es abrir dos más en lo que resta de este año, una en Dajabón y otra en La Romana, para llegar a 17. 

Aunque están ubicadas en todas las regiones, aún no cubren todas las provincias, como es el propósito. Todavía faltan en más de la mitad. Funcionan en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San Juan de la Maguana, Azua, La Altagracia, San Pedro, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel,  Espaillat,  Hermanas Mirabal, Puerto Plata y Duarte.

Se trata de centros que, no solo reciben la denuncia, sino que brindan a las víctimas de violencia intrafamiliar atención legal, médica y emocional por parte de especialistas de distintas ramas.  

Una meta sin lograr
El desafío sigue siendo lograr que no haya feminicidios, que cada año cobran vidas humanas, quedando huérfanos cientos de niños y adolescentes.   

Y aunque todavía no se ha alcanzado tasa cero, como es la meta, en los primeros ocho meses del 2012 se reportaron 24 feminicidios menos que igual período del 2011, en las dos denominaciones que le ha dado la Procuraduría (homicidio de mujeres y feminicidios).   

En el período enero-agosto 2012 se registran 134, mientras que en el mismo período del 2011 hubo 158. 

Y un dato que resaltan las autoridades es que en noviembre, mes conmemorativo de la no violencia contra la mujer, solo han registrado tres feminicidios, 11 menos que en ese mismo mes del 2011, atribuido al impacto de los programas preventivos.

Sin embargo, al pasar balance a los tres años anteriores, las estadísticas muestran una escala ascendente. En el 2011 ocurrieron 233, con 23 más que el 2010, cuando hubo 210, y en ese año se reportaron 11 más que en el 2009.

Las estrategias para poner fin a la violencia de género en República Dominicana han estado limitadas por los bajos presupuestos y la falta de coordinación y de rendición de cuenta de las entidades.

No por ello, representantes del Ministerio de la Mujer y de la Procuraduría hablan de fracaso en la política estatal, aunque están conscientes de las debilidades y de la necesidad de aunar esfuerzos para tener mayor efectividad. 

La Procuradora de la Mujer dice que se debe enfatizar en la capacitación del personal que labora en las unidades de atención integral, que permita una pronta respuesta y que su trato no tienda a revictimizar a la mujer que va en busca de ayuda. 

Además, indica que la falta de presupuesto ha imposibilitado al Ministerio Público poner a funcionar más unidades.    

“Tenemos limitaciones presupuestarias que nos impiden avanzar a la velocidad deseada”, expresa, tras precisar que abrir y mantener una unidad cuesta dinero.  

La directora de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer observa que hace falta que cada institución asuma el compromiso de poner en práctica el protocolo de atención.  

Considera además que hace falta un nivel de rendición de cuenta de los convenios suscritos por las instituciones, que permita determinar el avance logrado y evaluar los fallos. 

Para ilustrar, cita que se ha incluido el tema de la violencia de género y la equidad en el currículo educativo, pero no hay un registro con la cantidad de horas que se han impartido. 

También aboga por mayor comprensión y sensibilidad en el poder judicial, en el que dice no debe existir el tecnicismo legal.

Plantea que aunque  el Código Procesal Penal establece la visita periódica y la garantía económica como medida de coerción, no pueden imponerse en los casos en que un hombre acaba de asesinar a una mujer. “Remover un poco esa forma de pensar del poder judicial es fundamental; a veces los fiscales fundamentan muy bien sus casos y un juez no le pareció que había fundamento”, subraya.  

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ACCIONES DESPLEGADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Como parte del Plan Nacional de Equidad de Género 2007-2017, todas las instituciones públicas tenían el compromiso de crear oficinas de género para lograr el desarrollo progresivo de planes en cada una. Fueron abiertas 14.

La directora general de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer evaluó que en algunas instituciones se lograron avances en la prevención y atención, pero en otras no, aunque crearon oficinas.

En junio de este año fue habilitada una línea emergencia, con el teléfono 809-689-7212. Desde el 20 de junio hasta el 5 de noviembre se recibieron por esa vía 623 casos de violencia de género a nivel nacional. Esa línea forma parte de las medidas para fortalecer el servicio que brindan las dos casas de acogidas que atienden a mujeres maltratadas, que cuentan con una flotilla de vehículos para una rápida respuesta.

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