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MIGRACIÓN

Gobierno niega discrimine a los ciudadanos haitianos

EL PAÍS SE DEFIENDE EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE ACUSACIÓN DE QUE APLICA UN "GENOCIDIO CIVIL".

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Ramón Pérez ReyesSanto Domingo

El Gobierno de la República Dominicana rechazó ayer la acusación de que desde el Estado se mantenga una política para rescindir la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana. Durante la audiencia que tuvo lugar ayer en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en esta capital norteamericana para conocer la acusación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la representación dominicana calificó de improcedente la denuncia por la inexistencia de argumentos que puedan concluir de que exista una política de Estado para negar la ciudadanía a los haitianos. Un grupo de ONG acusa al país de estar aplicando un “genocidio civil” contra personas de origen haitiano al negarles la nacionalidad, aplicando con carácter retroactivo nuevas disposiciones migratorias. “República Dominicana se encuentra inmersa en un proyecto para modernizar y depurar las irregularidades de su sistema de registro civil, en el que no hay ninguna intención discriminatoria, ya que igualmente se han podido descubrir a jóvenes deportistas que alteran sus documentos para firmar con un equipo de béisbol de las Grandes Ligas”, argumentaron los comisionados dominicanos. Explicaron, además, que como parte de ese proceso recientemente fueron apresados y sometidos a la justicia varios empleados de la Junta Central Electoral (JCE) y una ex fiscal de la provincia Azua, implicados en una red de falsificación de documentos. La misión dominicana reiteró en nombre de la JCE, la invitación al comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator para los casos de República Dominicana, para que visite el país a fin de “conocer en el terreno, avances en materia de registro civil”. La defensa del país fue asumida por Roberto B. Saladín, embajador representante permanente de la Misión de la República Dominicana ante la OEA; el embajador en Washington, Aníbal de Castro, y el director de Migración, José Ricardo Taveras. Francisco Quintana, Maria Victoria Méndez y Digna Adames, que representaron al Centro por la Justicia y los Derechos Internacional (CEJIL), el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y el Movimiento por un Registro Civil sin Discriminación, llevaron la acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde alegaron que en República Dominicana se está aplicando un “genocidio civil”. Dicen que mediante la aplicación de la resolución 012-07 y la circular 17, la JCE le niega actas de nacimiento y cédulas de identidad a cientos de personas, que es lo mismo que negarles la nacionalidad. Alegan que la aplicación de la ley migratoria 2004, que modificó los criterios para obtener la nacionalidad dominicana, constituye un “genocidio civil retroactivo” que ha truncado la vida de cientos de personas, la mayor parte jóvenes y mujeres, de entre 18 y 24 años. Sin embargo, el director de Migración dijo que de nueve millones de habitantes solo hay 120 reclamos, y de esa cantidad 80 ya tienen sus actas disponibles para obtenerlas cuando quieran porque ya fueron investigadas, 18 están en el registro de extranjería y ocho aún en investigación. EL REGISTRO CIVIL Y SU MEJORAMIENTO TÉCNICOSaladín argumentó que el contenido de la resolución no hace referencia a criterios de índole racial para suspender el acta civil, “sólo establece un procedimiento para suspender provisionalmente actas viciadas o instrumentadas de manera irregular”. Además que el país está mejorando técnicamente el registro y que se creó una unidad de declaración tardía. “El proceso no está dirigido a los haitianos sino a la voluntad del Estado de tener un registro civil saneado y libre de adulteraciones y errores”, dijo al contestar preguntas del jurado. Refirió que el Congreso declaró una amnistía de tres años para las declaraciones tardías para menores de 16 años. Dijo que la mejoría del registro ha sido reconocida incluso por las organizaciones que hacen la denuncia. Mientras Aníbal de Castro aclaró que la resolución y la circular son suceptibles de ser llevadas a la Suprema Corte de Justicia y que hay cuatro recursos de amparo, por lo que pidió a los que se sientan agraviados que sometan su caso.

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