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El trabajo del Procurador

Por la envergadura de los encartados, el compás de tiempo que abarcó la trama de corrupción de Odebrecht y los enlaces internos y externos que se imbricaron para estafar al Estado con obras sobrevaluadas, la investigación forense de la Procuraduría General de la República ha sido modélica.

Requirió de seis meses, un equipo multidisciplinario de más de 20 especialistas en investigación criminal, cientos de horas en el examen de legajos de documentos obtenidos en Brasil y Estados Unidos, 35 interrogatorios de fondo y acuerdos con la empresa sobornadora para comprometerla en la investigación y en el pago de las compensaciones al Estado dominicano.

A todo esto hay que agregarle que la investigación forense evolucionó en medio de la intensa y sostenida presión ejercida por grupos de la sociedad civil para reclamar que se apresurara el proceso de encarcelamiento y sanción contra los involucrados en las operaciones ilícitas, para dar así un ejemplo de castigo a la corrupción, sin impunidad.

Para poder satisfacer todos estos requerimientos, el Procurador General Jean Alain Rodríguez tuvo que revestirse de una buena coraza para combinar celeridad, profundidad y confidencialidad en el manejo de los expedientes, interrogatorios y pruebas recopiladas, así como para convencer al público de que estaba haciendo un trabajo serio, no festinado, sin importar sus consecuencias.

Con todo y que ha sometido el expediente acusatorio contra 14 personas, asegurando que allí “están todos los que son y son todos los que están”, el procurador ha dicho que en vista de que se trata de un caso de complejidad judicial por la diversidad de delitos, las investigaciones seguirán profundizándose.

Para llegar a un proceso de judicialización sin flaquezas legales o inconsistencias era preciso manejar con todo el cuidado cada una de las piezas del histórico expediente, de modo que la aspiración del pueblo de que haya sanción y cero impunidad se haga realidad y represente un paso decisivo en la lucha por la sanidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Una vez llevado este expediente al ámbito de la Suprema Corte de Justicia, la responsabilidad de cumplir el debido proceso sin presiones ni miedos será fundamental para marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad, dos cánceres malignos en la sociedad dominicana.

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