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Afloran las controversias

Amplias objeciones han aflorado ya en torno al proyecto de ley de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, cuyos objetivos constituyen un asunto de alta prioridad nacional.

En particular, las más fuertes objeciones se hacen a la última enmienda aprobada por el Senado al excluir de la lista de sujetos obligados del sector no financiero, llamados a rendir cuentas de manera transparente de sus operaciones, a las bancas de apuestas, loterías y negocios afines.

Se ha alegado que estas, que superan en número las 30,000, sin contar las ilegales, son difíciles de someter al escrutinio del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, vale decir, a su estricto control.

Aunque esa exclusión fue aprobada sobre la base de dar al Ministerio de Hacienda, que presidirá el Comité, un espacio de tiempo para crear una plataforma tecnológica confiable para monitorear sus transacciones, buena parte de la opinión pública cree simplista esta razón.

Porque de ser así habría que admitir que no contamos con todas las herramientas tecnológicas para el escrutinio de otras actividades comerciales o empresariales donde es alto el riesgo de lavado de activos, por lo que esta exclusión de las bancas de apuestas, loterías y operaciones afines es una medida que debilita el objetivo general de la ley.

Otro aspecto controversial, para la opinión pública, es la prohibición de pagar o aceptar el pago de actos u operaciones mediante el uso de dinero en efectivo, monedas y billetes, tanto local como internacional, en la compra de inmuebles, vehículos de motor, aeronaves, embarcaciones, joyas y apuestas en casinos o loterías por determinados montos, que se consideran bajitos, porque limitarían el poder del peso dominicano.

Como el proyecto pasa ahora al tramo final de la Cámara de Diputados, lo ideal es que los legisladores ponderen las consecuencias de los aspectos cuestionados en la reforma senatorial a fin de que la sociedad pueda contar con una excelente ley para perseguir una de las actividades más nocivas y fuentes de corrupción e impunidad como lo es el lavado de activos.

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