A contracorriente

Actuando muchas veces a contracorriente de la Constitución y las propias normas electorales, los partidos políticos del sistema le han dado un fl aco servicio a la democracia.

Para comenzar, no son tan democráticos y, por tanto, ignoran un principio cardinal que manda la Constitución, en su artículo 216, al disponer que se conformen y actúen respetando la democracia interna y la transparencia.

Ni lo uno ni lo otro. Por el contrario, en gran medida han desnaturalizado el papel que les corresponde en una sociedad democrática, usando el poder y una representatividad popular de fi cción para apabullar lo ético y moral, lo legal y constitucional, que se interponga a sus ambiciones o intereses.

De ahí que, persistentemente, hayan operado al unísono para cerrar el paso a una ley de partidos y ley electoral que les colocaría camisas de fuerza a sus desafueros.

Por eso no ha prosperado, en años cuya cuenta se nos pierde en la memoria, el interés de la Junta Central Electoral de que el Congreso vote ambas leyes.

Ahora la JCE acaba de reintroducirlas, pero pocos se hacen ilusiones de que al fi n las aprueben.

Porque justamente el Congreso es un coto de los partidos y difícilmente ellos afi len cuchillos contra todo lo que signifi que un nuevo modelo de disciplina, un régimen de transparencia, un dique al transfuguismo y la compra de lealtades y votos.

Solo si la sociedad se organiza y presiona, como lo hace en determinadas circunstancias para hacer valer el poder popular que la Constitución le asigna, el país podría contar con la tan anhelada ley de partidos y electoral, única fuente que los legitimaría y que podría cambiar el rumbo y la velocidad con que hasta ahora van hacia la bancarrota, transformándolos y convirtiéndolos en lo que nunca han sido: las verdaderas piezas de amarre de la democracia y la institucionalidad.