Tufo de impunidad
Un perceptible tufo de impunidad ha quedado esparcido en el aire tras conocerse ayer el “acuerdo económico” de la empresa Odebrecht con el ministerio público dominicano para supuestamente resarcir al Estado del enorme dolo perpetrado con sus sobornos y sobrevaluaciones de obras, saliendo prácticamente ilesa.
Los mismos términos del comunicado oficial sobre el acuerdo, donde se mencionan las palabras “compromiso”, “cláusula de cooperación”, “condiciones”, “colaboración jurídica”, dan a entender que gracias a este arreglo la compañía podrá seguir operando en el país alegadamente “cooperando” para fortalecer las investigaciones del ministerio público.
Por de pronto, la Procuraduría General renuncia a las medidas cautelares y de inhabilitación que había recomendado aplicar a la Odebrecht, y deja abierta la posibilidad de “utilizar medidas alternativas para restaurar el orden social fuera de la judicialización del caso”.
La protección de “confidencialidad” de ese acuerdo limita las exigencias de transparencia que la sociedad dominicana ha venido reclamando en torno a este escándalo.
El pago o compensación que aceptó dar Odebrecht al país de 184 millones de dólares será a ocho años y por cuentagotas. Un primer desembolso será de 30 millones de dólares.
La Procuraduría celebra esto como un beneficio excepcional, casi como si se tratara de una cordial gentileza de la empresa hacia el Estado dominicano, severamente afectado por la sistemática estafa y, más que nada, por la perversión implícita en el reparto de “coimas” a funcionarios con poder de decisión en la concesión y aprobación de los contratos de obras.
Demasiada agua se le ha echado al vino.