Una práctica criminal intolerable
El dato frío de que solo el 2% de las denuncias de violencia de género llega a los tribunales aporta una explicación –aunque no la única- para que la epidemia de agresiones y asesinatos de mujeres por parte de sus parejas continúe sin parar en todos los estratos sociales y el territorio del país.
Y no es que eso sucedió durante un año, sino que es el registro estadístico de la Procuraduría General de la República durante ocho años (de 2008 a 2015). En ese tiempo se recibieron cerca de medio millón de denuncias de violencia de género y solo 10,000 de los agresores tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados.
Tomando solo el año 2015, las estadísticas asombran, pues de 73,928 denuncias de violencia de género que se presentaron ante el ministerio público, solo 1,609 llegaron a los tribunales.
Es, a todas luces, un sistema que no da respuesta a un problema social muy complejo y por eso los violentos siguen matando y agrediendo a mujeres, dejando a cientos de niños huérfanos cada año porque en la mayoría de los casos los criminales van por largo tiempo a la cárcel o se suicidan.
Una sociedad que no reacciona ante el atropello y la falta de justicia, está destinada a reproducir criminales y delincuentes que van formando una cultura de impunidad ante sus acciones delictivas.
Y eso no puede seguir.
Es conocido que en la inmensa mayoría de los casos quien denuncia la violencia luego desiste de reclamar justicia porque aquí los procesos son largos y difíciles, lo que los torna costosos y eso empuja a la mujer a “dejar eso ahí” pese a que sabe que su vida corre peligro.
Otro factor es que el hombre es el proveedor y la mujer agredida ve cómo se va quedando sin sustento para ella y sus hijos, lo que constituye una presión familiar y social que suele hacerla soportar la violencia de todo tipo hasta que llega la próxima agresión.
Si tanto la mujer como el hombre saben que la sociedad y la justicia no van a permitir que la violencia de género quede sin sanción aunque la víctima desista, puede cambiarse el rumbo a una práctica criminal intolerable.