Repercusiones de un gran escándalo
El escándalo desatado por la admisión de la firma brasileña Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos de que pagó sobornos por más de mil millones de dólares para agenciarse contratos de obras en países de tres continentes, coloca a las autoridades ante un desafío sin precedentes en materia de corrupción en las naciones envueltas en este esquema fraudulento.
Este lunes el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó al país durante una conferencia de prensa que ha dispuesto la apertura de una investigación formal en República Dominicana, que según sus propias palabras, las indagatorias no tendrán límites ni ataduras de ningún tipo, por lo que sus resultados abarcarán a personas físicas, empresas y funcionarios públicos que pudieran tener relación directa o indirecta con prácticas reñidas con la ley y los sobornos admitidos por la propia empresa.
A juzgar por las declaraciones del máximo representante del Ministerio Público, esta investigación va en serio y para cumplir con el rigor está solicitando a todas las instituciones del Estado que hayan realizado contratos con Odebrecht desde el año 2001 a la fecha, que en el plazo de 48 horas remitan a la Procuraduría toda documentación -sin excepción- relativa a esos convenios y la identificación de todas las personas vinculadas con las negociaciones o las licitaciones de obras.
Odebrecht admitió que desembolsó 92 millones de dólares, entre 2001 y 2014, en la República Dominicana a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” y, como resultado, obtuvo beneficios de 163 millones de dólares.
Rodríguez declaró ayer que desde que se conocieron los documentos divulgados por la Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tramitó solicitudes de documentación con detalles que permitan apoyar las investigaciones en República Dominicana.
El compromiso asumido públicamente por Rodríguez es el de que todo funcionario que se compruebe que haya recibido soborno o algún beneficio particular directo o indirecto, será sometido a la acción de la justicia sin importar de quién se trate, ni en cuál período de gobierno haya servido.
Si el Procurador hace concordar sus palabras con los hechos, no cabe duda de que en el país estamos asistiendo a una nueva época en la que la lucha contra la corrupción dejará de ser una palabra hueca para convertirse en una posibilidad real de adecentar el ejercicio del servicio público. ¡Esperemos con paciencia!
El escándalo desatado por la admisión de la firma brasileña Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos de que pagó sobornos por más de mil millones de dólares para agenciarse contratos de obras en países de tres continentes, coloca a las autoridades ante un desafío sin precedentes en materia de corrupción en las naciones envueltas en este esquema fraudulento.
Este lunes el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó al país durante una conferencia de prensa que ha dispuesto la apertura de una investigación formal en República Dominicana, que según sus propias palabras, las indagatorias no tendrán límites ni ataduras de ningún tipo, por lo que sus resultados abarcarán a personas físicas, empresas y funcionarios públicos que pudieran tener relación directa o indirecta con prácticas reñidas con la ley y los sobornos admitidos por la propia empresa.
A juzgar por las declaraciones del máximo representante del Ministerio Público, esta investigación va en serio y para cumplir con el rigor está solicitando a todas las instituciones del Estado que hayan realizado contratos con Odebrecht desde el año 2001 a la fecha, que en el plazo de 48 horas remitan a la Procuraduría toda documentación -sin excepción- relativa a esos convenios y la identificación de todas las personas vinculadas con las negociaciones o las licitaciones de obras.
Odebrecht admitió que desembolsó 92 millones de dólares, entre 2001 y 2014, en la República Dominicana a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” y, como resultado, obtuvo beneficios de 163 millones de dólares.
Rodríguez declaró ayer que desde que se conocieron los documentos divulgados por la Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tramitó solicitudes de documentación con detalles que permitan apoyar las investigaciones en República Dominicana.
El compromiso asumido públicamente por Rodríguez es el de que todo funcionario que se compruebe que haya recibido soborno o algún beneficio particular directo o indirecto, será sometido a la acción de la justicia sin importar de quién se trate, ni en cuál período de gobierno haya servido.
Si el Procurador hace concordar sus palabras con los hechos, no cabe duda de que en el país estamos asistiendo a una nueva época en la que la lucha contra la corrupción dejará de ser una palabra hueca para convertirse en una posibilidad real de adecentar el ejercicio del servicio público.
¡Esperemos con paciencia!