Oportunas decisiones del Banco Central
En menos de una semana, la Junta Monetaria del Banco Central ha dispuesto dos medidas que vienen a resultar oportunas, convenientes y saludables para impulsar el proceso de recuperación de las zonas devastadas por las inundaciones y lluvias, declaradas en estado de emergencia.
La primera fue la liberación del encaje legal de la suma de 12 mil millones de pesos para que el sector financiero pueda abrir sus carteras a préstamos para viviendas, y la segunda la de disponer igual operación por una suma de 6,566 millones de pesos para que los productores agropecuarios afectados puedan gestionar créditos y recuperar sus plantaciones.
Anteriormente a estas medidas, el Gobierno central había dispuesto canalizar mil millones de pesos por vía del Banco de Reservas, para hacer frente a la emergencia causada por la catástrofe en quince provincias del país.
Con el crédito a disposición de los afectados, a una tasa anual de hasta el 9 porciento, los bancos comerciales o estatales colocarán esos recursos en condiciones ventajosas para los usuarios, ya que no se tomarán en cuenta las calificaciones crediticias que se aplican en la concesión de préstamos.
Esta premisa contribuye a acelerar el flujo de los préstamos y, en consecuencia, a dinamizar el proceso de recuperación de las áreas afectadas por la destrucción parcial o total de viviendas, el daño irreversible a la producción de distintos rubros y a superar deudas (en el caso de los productores agropecuarios) que fueron contratadas con esos fines.
Una vez más el Banco Central ha actuado como un ente auxiliar, a tiempo, en situaciones en las que la economía nacional requiere de fuertes estímulos, ya que los daños causados por las lluvias e inundaciones no solo se cuantifican en términos de producción perdida sino de mercados extranjeros que no podrán ser abastecidos de esos rubros.
Esta oportuna política de asistencia tendrá que ser reforzada, en el ínterin, por las demás medidas que tome el Gobierno, a su propio costo, para rehabilitar vías de comunicación, puentes, infraestructuras públicas como escuelas y hospitales, y las de servicios esenciales como la energía y el agua, hasta que por fin podamos hablar de una normalidad aceptable.