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¡Tírenla a la basura!

El Estado ha demostrado que es incapaz de hacer cumplir una ley que atañe a los funcionarios, electos o designados, de los distintos poderes públicos.

Se trata de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, uno de los pocos instrumentos llamados a blindar los recursos del erario nacional de tentaciones de aquellos que procuran el enriquecimiento ilícito desde sus funciones oficiales, permitiendo descubrir fortunas infladas y mal habidas.

A pesar de que es una ley que solo se aplica al momento de la entrada y salida de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Municipal y otras ramas del Estado, no hay poder judicial que la haga valer.

Si no existe la voluntad de respetar esa ley es porque tampoco hay auténtica vocación para la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Si existiera esa voluntad, hace rato que hubiésemos presenciado sus inevitables consecuencias con la destitución de 4,388 funcionarios que a esta hora no han cumplido con presentar en tiempo hábil sus patrimonios ante la Cámara de Cuentas.

Frente a tan monumental ejército de violadores conscientes de una legislación que se aplica episódica o circunstancialmente, no queda más remedio que tirar a la basura esa Ley 311-14 y dejar abiertas de par en par las compuertas de la corrupción.

Así haríamos la catarsis del fracaso del ideal de un país institucionalizado y regido por una ética administrativa a prueba de triquiñuelas y burdos enriquecimientos de los que van al Estado con esos inconfesables propósitos, y le daríamos un adiós para siempre a la transparencia y la rectitud en el manejo de nuestro erario.

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