Bochornosa discriminación
Tres leyes, al menos, precaven la discriminación de los ciudadanos en las escuelas o centros de trabajo por razones de salud, pero estas no se cumplen, lo cual constituye un bochorno a la sociedad.
Estas leyes son la 135-11 del VIH-Sida, la 87-01 de la Seguridad Social y la 16-92 que instituye el Código Laboral, que prohíben expresamente los exámenes sobre el VIH Sida como requisito previo para considerar la contratación laboral de una persona.
La ley del VIH-Sida es tan amplia que incluso exige el consentimiento del trabajador para la realización de las pruebas para detectar esta patología, sin que su negativa sea motivo de desahucio.
Sin embargo, nadie ignora que en este país la mayoría de las empresas e instituciones públicas utilizan los resultados de estas pruebas de laboratorio como fuentes primarias de información confidencial para negar empleos o accesos de los afectados a escuelas y otros espacios donde podrían tener oportunidades de desempeñarse como entes útiles.
Esto representa una violación a la Constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras convenciones, acuerdos y leyes internacionales.
En pleno siglo 21 estas formas de discriminación están afectando los derechos ciudadanos de aquellos que son portadores del VIH sida, especialmente jóvenes deseosos de trabajar o desarrollar sus talentos en el sector público o privado, virtualmente excluidos de todos esos espacios.
Y de eso se ha quejado una de las más consagradas doctoras en la atención a pacientes con esta enfermedad, Solange Soto, de la Unidad de Atención Integral de Niños con VIH sida del hospital Robert Reid Cabral.
El mismo estigma lo padecen niños, adolescentes y adultos con algunas discapacidades, como los ciegos, los que padecen de trastornos psicomotores o aquellos que entran en las categorías de “condiciones especiales”, a los que también se les cierran muchas puertas para las oportunidades de aprender, trabajar y producir.
Sobre estos últimos ha hablado el ministro de Educación, Andrés Navarro, quien ayer instaló una mesa de diálogo permanente con distintas instituciones para terminar con la exclusión de estos menores discapacitados o en “condición especial” en las escuelas y colegios.
Este es al menos un paso trascendental, aunque sea aislado, para ir desmontando estas injustas formas de exclusión social y laboral en nuestro país, sustituyéndolas por una cultura más amplia de inclusión y de respeto a estos derechos conculcados.