Una profunda sangría para el Estado

Las exenciones fiscales otorgadas por ley representan anualmente para el fisco una sangría de más de 200 mil millones de pesos.

El objeto de las exenciones fiscales es el de estimular a sectores productivos para que, sin muchas cargas tributarias, puedan desarrollar proyectos sin transferir al consumidor el grueso de sus costos.

Pero las exenciones deben de tener un límite de tiempo y una comprobación de sus resultados, para que no se hagan eternas o para que el privilegio no sea contaminado con prácticas contrarias al espíritu de la ley de concesiones.

Es lo que ha pasado con el sector de transporte de cargas y pasajeros con el subsidio al gasoil, un subsidio que anualmente representa casi 2 mil millones de pesos que el fisco deja de ingresar al erario, pero que no cumple con el propósito de mantener bajas las tarifas.

Se estableció en un momento en que los precios de los combustibles se habían elevado demasiado con la finalidad de proteger a los usuarios con tarifas razonables. Ahora que han estado en baja sistemática, y al comprobar el gobierno que el gasoil estaba siendo destinado a otros propósitos, el subsidio ha sido suspendido.

Esta experiencia debe conducir al Estado a definir una política más clara y precisa sobre los objetivos, circunstancias y temporalidad de los subsidios o exenciones, a fin de que el sistema no represente un irritante privilegio para los que hacen negocios sucios con esas facilidades o para los que se lucran demasiado, más allá del período razonable para el que fueron concedidas esas facilidades.