Más pilares para la seguridad ciudadana
Con la aprobación de las leyes orgánicas que reestructuran a la Policía Nacional y al Ministerio de Interior, así como la que regula las armas de fuego para hacer más estricto su posesión y uso, el Congreso Nacional ha perfilado claramente el nuevo esquema de la seguridad ciudadana que la sociedad había estado demandando por años, angustiada por el auge de la criminalidad.
Otro pilar fundamental de este nuevo esquema, la Ley de Extinción de Dominio que permitirá decomisar definitivamente los bienes materiales que forman los ilícitos patrimonios del crimen organizado, ya está en camino de ser aprobada en las cámaras legislativas.
El esquema de la seguridad ciudadana había quedado parcialmente estructurado desde el inicio de la administración del presidente Danilo Medina, con la instalación del servicio de atención de emergencias del 9-1-1, el sistema de marcaje de armas de fuego, el control y regularización de las motocicletas, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la puesta en marcha del programa “Vivir tranquilo”, para promover una mayor interacción entre autoridades y los residentes en los barrios.
Pero este esquema padecía de una grave disfunción, pues resultaba dificil hacerlo avanzar y alcanzar éxitos en la lucha por la seguridad ciudadana y contra la criminalidad sin la existencia de las normas jurídicas que en estos días han sido aprobadas o sometidas a debate final en el Congreso.
Penoso, e injustificable por demás, el que estas leyes hayan dormido el sueño eterno en el Congreso, mientras la delincuencia y el crimen organizado iban ganando espacios a un costo de muchos asesinatos, atracos, ajustes de cuentas, secuestros y raterismo rampante que sumieron en una generalizada sensación de inseguridad y miedo a todos los ciudadanos.
Con este deterioro a la vista, el Gobierno emprendió a principios de este mes un plan de emergencia con acciones y patrullajes para recuperar el control de las calles y ahora el Congreso está haciendo la parte que le corresponde, dando salida a las leyes estancadas y creando así las condiciones para que, en un futuro muy próximo, el país blinde la plataforma jurídica y represiva que permita declarar la guerra total a la criminalidad.