20 mil muertos por armas de fuego
En los quince años de este nuevo milenio, un total de 20,445 personas han muerto a balazos en el país.
Esta es una cifra aterradora.
Las armas de fuego, legales o ilegales, han sido las culpables de esta alta mortandad y de ahí que constituya un asunto de prioridad nacional su más pronto y efectivo control y regulación.
La ley de armas que cursa en el Congreso es un instrumento fundamental, sobre todo en medio de esta vorágine de violencia y de delincuencia que año tras año se cobra centenares de vidas.
Desde el año 2000, el nivel de muertes por armas de fuego se mantuvo en menos de mil víctimas hasta el 2003, pero de ahí en adelante la mortandad ha oscilado entre 1,100 y 1,800 hasta el año pasado, lo que indica que estamos bajo los efectos de una pavorosa sangría humana que es preciso contener.
La serie de reportajes especiales que está abordando el LISTÍN DIARIO sobre las importaciones y comercio de armas en el país dan una idea de la magnitud que cobra el problema del armamentismo y sus devastadoras consecuencias cuando el crimen organizado encuentra en las armas, legales o ilegales, las herramientas que le ayudan a imponer terror, mientras otras variedades de la fauna delictiva o de la violencia familiar hacen uso de ellas para sus lúgubres propósitos.
La necesidad de poner control a esta hemorragia de muertes sangrientas por medio de las balas debe ser compromiso irrenunciable de la sociedad.
Ese es uno de los signos de nuestra tragedia humana, encuadrada en un país cuyos ciudadanos, por miles, pierden la vida y la propia protección de su seguridad y de su integridad por culpa del masivo arsenal que está en manos de desequilibrados, insensatos, sicarios, ladrones y rateros, hombres celosos, pandilleros y traficantes, civiles o no.
A esto, francamente, hay que ponerle un freno. Y pronto.