Las leyes del país, rumbo al colapso (y 2)

De todos los emblemas o paradigmas que han entrado en trance de descalabro en nuestra sociedad, en los últimos años, el único que no puede ni debe sucumbir es el del imperio de la ley.

El cuerpo de leyes, sin embargo, va por esa pendiente, casi en barreno, mostrando fatiga e ineficacia.

El no hacerle caso a las leyes, tanto de los que están subordinados a ellas, que somos todos nosotros, como los responsables de aplicarlas, crea las condiciones para que poco a poco se vayan derrumbando los frenos o cortapisas legales que están llamados a prevenir y castigar los hechos delictivos o punibles, como la corrupción, en todos los órdenes.

O, como ocurre ahora, para dejar en el limbo o no aplicar a plenitud aquellas leyes que fueron concebidas para organizar las instituciones nacionales y que, para su efectiva puesta en vigor, necesitan de los reglamentos que pautan su puesta en práctica, y he aquí tres ejemplos a la vista: las leyes sobre discapacidad, la de los salarios de la administración pública y la de la declaración jurada de los funcionarios públicos, cuyos reglamentos debieron estar aprobados y en vigor hace muchos años.

¿Para qué, entonces, hicimos esas leyes?

Lo mismo ocurre, tal como acertadamente lo señala la Fundación Institucionalidad y Justicia, con la ley de autonomía presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Pero más grave aún es que, en medio de este cuadro de debilidades, que a la vez es un reflejo del descalabro moral de la sociedad dominicana, se acentúen las presiones contra las Altas Cortes a fin de que adopten decisiones contrarias a los valores y principios de nuestra Constitución, como valientemente lo denunciara el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.

¿Acaso nos estamos dando cuenta de las heridas debilitantes que le estamos infligiendo a la institucionalidad, bajo la cual se incuba todo el Estado de derecho, con estas actitudes anacrónicas y antipatrióticas frente a las leyes y la propia Carta Magna?

Si es así, que nadie llore y lamente las consecuencias que puedan derivarse de estos desdenes y actitudes irresponsables, de las cuales somos culpables todos, y que se atenga a vivir en un país de leyes muertas o que no se respeten, en un Estado sin autoridades que sean responsables de su aplicación y en una sociedad sin reglas jurídicas que sustenten los pilares de soberanía y libertad que desde la independencia hasta nuestros días, constituían nuestro blindaje de nación.