Que la OEA y el Caricom ayuden a Haití

Con el nivel de volatilidad que ha alcanzado la crisis política de Haití, cuyo futuro ahora es más incierto que nunca, se hace indispensable que la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) ayuden a buscar una salida pacífi ca, consensuada y constitucional a la presente disyuntiva.

Ya los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas han expresado sus preocupaciones por el sesgo que van tomando las cosas allí, al fracasar la realización de la segunda vuelta (postergada) de las elecciones presidenciales, tras una primera plagada de irregularidades, y al acercarse la fecha en que debe cesar el gobierno del presidente Michel Martelly, el 7 de febrero.

La opción a la vista, de la que todos hablan en Haití, es la de formar un gobierno de transición a partir del día 7 porque se entiende que ya no hay posibilidades de convocar a elecciones antes de esa fecha que permitan, constitucionalmente, elegir al sucesor de Martelly.

Pero los seguidores del mandatario no simpatizan con la idea de formar un gobierno de transición y en esta negativa reside un factor de tranque de todo proceso que procure salvar la situación para que no derive en una confrontación peor, vale decir, en una lucha violenta por la conquista del poder, mucho menos en un estado de ingobernabilidad y de vacío institucional.

La Organización de Estados Americanos y el Caricom, que han estado muy presentes en el seguimiento de la vida política haitiana, especialmente en el contexto del proceso abierto por República Dominicana para regular la presencia de inmigrantes extranjeros ilegales, y que incluso han mostrado empeño en poner en manos de una comisión internacional el manejo de todo confl icto bilateral, deberían con prontitud salir en auxilio de Haití por cuya suerte, teóricamente, han velado.

La propia ONU, que mantiene tropas dizque para el mantenimiento de la paz, debe cumplir su responsabilidad, ya que resulta incomprensible que si los soldados están para garantizar la estabilidad y el orden interno se crucen de brazos ante la escalada de violencia que se ha desatado tras las protestas callejeras y que han implicado quemas de locales gubernamentales, sin descontar las maniobras políticas que, a la vista de todos, han impulsado los del gobierno para preservar el poder, incluyendo las últimas travesuras en las votaciones de primera vuelta.

Estados Unidos, más inquieto aún, ha llamado al cese de la violencia y al sometimiento a la justicia de todos aquellos que promueven y participan en estas jornadas violentas, que hasta ahora han tenido el patrocinio de los opositores a Martelly. Esto último resulta prácticamente imposible de concretizar en una nación donde se han debilitado los mecanismos institucionales.

Además, si Estados Unidos valida que se proceda de esta forma, poca autoridad tendría para condenar al régimen del presidente Nicolás Maduro cuando hace lo mismo con sus opositores.