EDITORIAL

Lo que le pillan los contrabandistas al fisco

El negocio ilícito de los contrabandos, por un lado, y las falsificaciones de productos, por el otro, privan al Estado dominicano de ingresos fiscales por más de 4 mil millones de pesos anuales, mal contados.

Si grave e intolerable es esta evasión, más lo es lo que representa la “competencia desleal” que estas prácticas suponen en perjuicio del comercio organizado y formal que sí paga impuestos, a menudo en porcentajes que casi se acercan al 50 por ciento del valor de producción o de venta y que los deja con márgenes de ganancia limitados.

Sólo en cigarrillos importados ilegalmente se le pilla al fisco de recibir 1,200 millones de pesos anuales; en medicinas cerca de mil millones y en bebidas alcohólicas unos 800 millones, y ni qué decir de otros productos de gran demanda que entran al mercado a competir, en precios, no así en calidaód, con el comercio organizado.

Las falsificaciones tienen tambien un efecto negativo porque dañan marcas reputadas y sus distribuidores no pagan impuestos.

Todo este cuadro de anormalidades constituye un reto para el Gobierno, que debe mejorar y fortalecer sus mecanismos de control para evitar que el contrabando masivo y extendido termine llevando a la quiebra o a una situación de mínima rentabilidad a negocios y empresas que dan empleos y otros beneficios sociales.

De ahí que parezca atendible la sugerencia que formulan los productores de cigarrillos y tabacos del país para que se cree una unidad especializada de persecución del contrabando, que agrupe a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Aduanas, Impuestos Internos, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a la Autoridad Portuaria y la Aeroportuaria, así como a otras entidades públicas capaces de enfrentar esta monstruosa estructura de la mafia organizada.

Estos montos multimillonarios que le evaden al fisco pueden contabilizarse en función de los decomisos que se han realizado de esos productos ingresados ilícitamente, por lo que se puede suponer que el volumen de las mercancías que fluyen finalmente en el mercado es mucho mayor.

Por tanto, la evasión es mayor de lo que pensamos.

El negocio ilícito de los contrabandos, por un lado, y las falsificaciones de productos, por el otro, privan al Estado dominicano de ingresos fiscales por más de 4 mil millones de pesos anuales, mal contados.

Si grave e intolerable es esta evasión, más lo es lo que representa la “competencia desleal” que estas prácticas suponen en perjuicio del comercio organizado y formal que sí paga impuestos, a menudo en porcentajes que casi se acercan al 50 por ciento del valor de producción o de venta y que los deja con márgenes de ganancia limitados.

Sólo en cigarrillos importados ilegalmente se le pilla al fisco de recibir 1,200 millones de pesos anuales; en medicinas cerca de mil millones y en bebidas alcohólicas unos 800 millones, y ni qué decir de otros productos de gran demanda que entran al mercado a competir, en precios, no así en calidaód, con el comercio organizado.

Las falsificaciones tienen tambien un efecto negativo porque dañan marcas reputadas y sus distribuidores no pagan impuestos.

Todo este cuadro de anormalidades constituye un reto para el Gobierno, que debe mejorar y fortalecer sus mecanismos de control para evitar que el contrabando masivo y extendido termine llevando a la quiebra o a una situación de mínima rentabilidad a negocios y empresas que dan empleos y otros beneficios sociales.

De ahí que parezca atendible la sugerencia que formulan los productores de cigarrillos y tabacos del país para que se cree una unidad especializada de persecución del contrabando, que agrupe a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Aduanas, Impuestos Internos, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a la Autoridad Portuaria y la Aeroportuaria, así como a otras entidades públicas capaces de enfrentar esta monstruosa estructura de la mafia organizada.

Estos montos multimillonarios que le evaden al fisco pueden contabilizarse en función de los decomisos que se han realizado de esos productos ingresados ilícitamente, por lo que se puede suponer que el volumen de las mercancías que fluyen finalmente en el mercado es mucho mayor.

Por tanto, la evasión es mayor de lo que pensamos.

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