Momento de extirpar ese cáncer

Parece ser una práctica extendida, subrepticia y silente, pero conocida, la de ciertas personas con funciones claves en las áreas administrativas del Estado de cobrar “peajes” o “coimas” para acelerar diligencias de terceros, tanto si es para conseguir contratas o prebendas, como si lo es para acelerar pagos de deudas atrasadas.

Ha resultado sorprendente que, a raíz del trágico y lamentable suceso que terminó con la vida del arquitecto David Rodríguez García, algunos ingenieros o contratistas de obras del Estado hayan sacado a relucir en entrevistas o declaraciones públicas sus ingratas experiencias para cobrar lo que se les debe no en una, sino en varias instituciones.

Y hablan, inclusive, de la exagerada proporción que conlleva la “coima” o el “peaje”, de hasta un 60 por ciento del monto de la deuda.

Si es así, estamos frente a un gran asalto de los dineros públicos, probablemente a espaldas, sin el consentimiento y sin el apoyo de las máximas autoridades del Gobierno cuyas instituciones, en este caso, también se ven perjudicadas por el entramado mafi oso que se crea dentro de los propios organismos, como un cáncer que se enquista y va consumiendo poco a poco su propio andamiaje.

Ese cáncer ha hecho metástasis, si es cierto lo que se dice de que el negocio de las “coimas” se ha instalado en entidades del Estado que están para servir al ciudadano, interponiendo el “dame lo mío” primero cuando se trata de alguna inversión gruesa que amerita de la aprobación ofi cial, o de lo contrario no prospera, no camina dentro de la burocracia.

Aquellos que han dado servicios o suplido bienes al Estado y se encuentran endeudados son las víctimas favoritas de los extorsionadores, que se ofrecen para gestionarles los pagos a cambio de su “comisión”, una tentación que aunque indeseable, por lo abusiva y perversa que es, hace sucumbir forzosamente a los que han caído en la desesperación, en más deudas, en ansiedades y hasta en la locura, para no perderlo todo defi nitivamente.

En esta última situación parecen estar muchas personas. Hay que sentir pena y lástima por lo que les acontece. De seguro que no tienen ni sosiego, ni paz ni tranquilidad mental en sus hogares o sus centros de trabajo, cuando los intereses de las deudas o el impago prolongado de las mismas, les rompen el equilibrio de sus vidas.

El Gobierno tiene el imperativo deber, ante esta escandalosa y enojosa coyuntura, de ponerle fi n a este entramado mafi oso, donde quiera que lo detecte, con la urgencia con que ha de extirparse todo cáncer que amenaza por extenderse en el cuerpo del Estado, derrumbando todos los parámetros éticos que rigen para el correcto y efi ciente uso de los dineros públicos.