Las “coimas” malvadas
El peor daño que se le puede hacer a una política tan exitosa como la que ha llevado a cabo el Gobierno en el campo de las construcciones de escuelas, centros de salud y otras edificaciones públicas, es que una mafia carroñera de funcionarios de segunda o tercera categoría cobren “coimas” para desembolsar los pagos a los contratistas.
Si bien la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa se ha movido a tiempo para esclarecer las denuncias de un arquitecto que se suicidó por causa del chantaje al que fue sometido por quienes manejan cubicaciones de obras gubernamentales, es imperativo que el Gobierno ordene una investigación más a fondo y más amplia.
Que abarque, primordialmente, aquellas instituciones que contratan este tipo de obras con ingenieros particulares o firmas de ingenieros y con suplidores del Estado para que se detecten, si los hay, manejos irregulares en los pagos de las deudas a los que han ganado las concesiones por concurso. Y que si aparecen elementos de esa mafia carroñera, los denuncie y los envíe a la justicia, sin miramientos.
Porque no se justifica que mientras el Estado asigna el 4 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, sean los ingenieros contratistas quienes, en los hechos, financien las edificaciones escolares o de salud, al ser inducidos a tomar préstamos, a menudo onerosos, y a tener que desprenderse del dinero que representaba su beneficio o ganancia, sencillamente porque unos mafiosos les pedían el 30 o el 40 por ciento de la suma adeudada para gestionarles el pago.
Esa fue la causa que llevó al ingeniero David Rodríguez García a pegarse un tiro de muerte en la misma sede de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, alegando que dos miembros del personal de esa oficina le requerían “coimas” para poder desembolsarles los pagos adeudados, situación que lo llevó a una trampa financiera, al enredo y, de ahí, a la tumba.
El presidente Danilo Medina, que con tanta atención y prioridad ha dado impulso a la construcción de aulas escolares y nuevas escuelas, así como otros centros públicos, y que asiste a sus inauguraciones, no puede permitir que actos de esta naturaleza empañen o desacrediten su llamada “revolución educativa”, porque a otros les ha cogido con enriquecerse a costa de dineros ajenos, violando todas las normas éticas y morales que figuran en el manual de comportamiento de los funcionarios públicos.
La investigación debe ser más general, no quedarse únicamente en las instituciones concernidas en el manejo de los fondos del 4 por ciento. Tiene que abarcar otras entidades o agencias responsables de expedir cheques a cuenta de servicios o suministros al Estado, para establecer si esa mafia carroñera ha extendido hasta ellas sus invisibles tentáculos, acumulando ganancias millonarias.