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¿De cuál protección hablamos?

El canciller de Haití, Lener Renauld, ha justificado la decisión de su país de prohibir el ingreso por tierra de 23 productos que les suple República Dominicana, bajo el argumento de que es un deber de su gobierno proteger al ciudadano haitiano de cualquier situación que pueda perjudicarle.

Ha dicho también que esta medida restrictiva es “una decisión de control” ya que los inversores locales estiman que Haití tiene pérdidas por un millón de dólares mensuales debido a un “sistema de supervisión inadecuado”.

No se explica que ese sistema sea inadecuado sólo en la frontera, y adecuado en los puertos y aeropuertos de Haití, que son las únicas vías disponibles para que, desde el primero de octubre en adelante, puedan entrar a Haití los productos dominicanos en veda.

A decir verdad, Haití tiene todo el derecho a tomar medidas internas, como éstas, como el mismo Canciller reconoce que, en el campo diplomático, nuestro país tiene derecho a llamar a consulta a su embajador en Puerto Príncipe, lo que en este caso trasmite un mensaje oficial de inconformidad con la prohibición decretada.

En este juego de esgrimas de las “razones”, la balanza parece estar siempre de un solo lado: a favor de Haití.

Pues mientras Haití invoca ahora derechos para hacer lo que entiende que le conviene o le corresponde, desconoce los nuestros cuando se trata de establecer reglas legales o políticas de Estado sobre migración y repatriaciones de ilegales, llegando al extremo de airear sus críticas y sus denuncias por el mundo entero, para malquistarnos con otros países e instituciones internacionales.

Haití sí puede hacer lo que quiera, inclusive hasta tomar medidas que perjudiquen el acceso de sus ciudadanos a bienes de consumo indispensables en la canasta familiar, pero República Dominicana no puede “proteger” a sus ciudadanos, imponiendo una veda al ingreso de haitianos enfermos o contagiados por enfermedades, ni a los que entran y salen del territorio llevándose como botín centenas de sacos de carbón, tras depredar nuestros bosques.

Haití sí puede acusarnos de ser unos torturadores y un país que practica el racismo y la xenofobia, pero no impide ni “protege” a sus ciudadanos de ese supuesto “peligro” al alentarlos a ingresar ilegalmente al territorio dominicano del “Apartheid” y, luego, al resistirse a que sean repatriados los intrusos que se colaron en nuestro territorio.

Con cierta frecuencia Haití ha hecho cosas para irritar y fastidiar a los dominicanos, y más concretamente al gobierno del presidente Danilo Medina.

Y ahora que el Presidente está en la vía de buscar su reelección, a muchos pudiera parecer que, con sus desplantes y sus restricciones, el gobierno de Martelly está por empedrarle el camino usando la técnica de la carambola, en el billar de la política, para provocar e inducir al Gobierno a tomar medidas drásticas y duras que luego susciten el rechazo y la condena internacional.

Esa política del chantaje está más clara que nunca.

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