Los que predican sin el ejemplo
Ha comenzado el proceso de repatriaciones de inmigrantes ilegales, tras haberse cumplido los plazos establecidos por el Plan de Regularización de Extranjeros con sus prórrogas.
Durante año y medio, el Estado dominicano dispuso de todas las facilidades para que esos inmigrantes ilegales o precariamente documentados pudieran normalizar su estatus de residentes, y expresamente tomó la determinación de no expulsar a ninguno que estuviese en esta situación.
Algo más: al cerrarse el período de inscripciones en el plan y mantener durante dos meses más las tareas de depuración y entrega de carnets y de cédulas que acreditaban la ciudadanía a más de 55 mil extranjeros, el Gobierno puso a disposición de los que deseaban marcharse a Haití vehículos de transporte gratuito.
Todo este proceso se ha conducido con un esmero y cuidado, como talvez ningún otro país del mundo lo ha hecho, pese a todas las presiones e injerencias que ha soportado desde fuera y dentro del país, y de la sistemática campaña de mentiras que Haití desplegó para impedir la aplicación de la normativa migratoria.
Ahora todo el mundo se siente con derecho y en libertad de opinar, aconsejar y proponer cómo debe República Dominicana manejar las repatriaciones: con absoluto respeto a los derechos humanos y en concordancia con unos llamados “protocolos” que todavía no se sabe en qué países se aplica con el rigor de la letra.
¿Por que suponer que el país violentará derechos humanos si en el curso del plan de regularización se ha pasado de indulgente y tolerante, y hasta cierto punto timorato, en el enfrentamiento de un problema tan serio que otros países resuelven a la fuerza y sin compasiones?
Esa es la paradoja del momento: que los que hoy predican, en esta materia, no dan los mejores ejemplos en sus propios países. Una monumental desfachatez.
Basta echar una mirada a lo que acontece en varias partes del mundo con los inmigrantes ilegales para darnos cuenta de la forma en que son confinados en centros de reclusión o expulsados sin miramientos, al amparo de las rudas leyes que rigen para impedir que estos trabajen, residan o disfruten de atenciones de salud y acceso a elementales oportunidades de vida, sin importar si los derechos humanos están de por medio.
El más descalificado para exigir o reclamar respeto a derechos humanos o a que se aplique un plan de repatriaciones a su conveniencia es Haití, que ha propiciado, por múltiples motivos, un masivo éxodo de sus ciudadanos hacia nuestro país, pasándole por encima a nuestras leyes migratorias, y en ese orden le siguen aquellos que no se han atrevido a ver la viga en sus propios ojos y que, hasta prueba en contrario, actúan ante los inmigrantes con dureza y desprecio o con inocultable sello de discrimación y xenofobia.
República Dominicana tiene que demostrar (y no nos caben dudas de que así será) que ejecutará su proceso con el debido apego al respeto de las derechos humanos, sin hipotecar sus propios derechos soberanos y sin incurrir en los excesos y desconsideraciones que marcan la tónica de las políticas y procedimientos frente a los inmigrantes ilegales que usan otros países, sin que la comunidad internacional se atreva a meter sus narices en esos manejos internos.