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“Sicarios” para el control de rutas

Otra vez ha vuelto a repetirse el bochorno de observar cómo “sicarios” pagados por los sindicatos choferiles imponen su ley, a base de palos, machetes y hasta armas de fuego, para agredir a todos aquellos conductores que incursionen en “sus” rutas sin el permiso de los amos del negocio.

Uno de los sicarios contratados por los sindicatos para dar palizas al que intente incursionar sin permiso en “sus” rutas fue muerto de dos disparos por un sargento del Ejército, tras este ser vejado cuando transportaba pasajeros en las inmediaciones del kilómetro 9 de la autopista Duarte.

No es el único caso. Y talvez no sea el último, pues el Gobierno todavía no ha sido capaz de desmantelar estos cuerpos mafiosos y abusadores que operan en las calles con total impunidad y prepotencia.

La acción de estos desaprensivos es conocida por las autoridades que están llamadas a vigilar el cumplimiento de las leyes del tránsito, pero lo inexplicable es que no hacen nada para cortar de cuajo con este esquema típicamente mafioso.

Para otras cosas son talvez más diligentes.

Pero ante su vista, hombres armados son colocados estratégicamente en los puntos donde los conchos o minibuses sindicalizados recogen o desmontan pasajeros para vigilar y evitar que ningún otro conductor, no afiliado, comparta el suculento pastel de este negocio.

Parece ser que media algún tipo de soborno porque la autoridad nunca actúa en su contra, salvo cuando ya no se puede ocultar más su contubernio.

El pastel del que disfrutan los jefes de los sindicatos es muy apetecido. Tanto así que a veces se producen riñas entre su grupos por la mayor tajada. El negocio funciona fácil: ellos “venden” el derecho a circular por las rutas por sumas que a veces llegan a los 700 mil pesos, y los adquirientes de estas “franquicias” deben pagar, además, durante un año o año y medio, una suma semanal plus antes de comenzar a operar plenamente con sus propios vehículos.

De seguro que el dinero que se mueve en estas transacciones no pasa el registro de la Dirección General de Impuestos Internos ni se refleja en algún programa de protección o seguridad social para el conductor “autorizado” o el adquiriente de la franquicia, y lo cierto es que el negocio se está haciendo con un derecho usurpado a decidir quién concha y quién no en las calles de la capital.

Demasiado repugnante.

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