No se puede hablar de fracaso
El Plan de Regularización de Extranjeros no ha sido un fracaso, como algunos creen, porque en ningún momento fue diseñado para alcanzar metas cuantificables de los indocumentados que podrían ser beneficiados con la legalización de su estatus migratorio en el país.
El plan, por el contrario, ha sido una prueba exitosa de cómo un país avanza en la organización de un sistema migratorio que antes de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 andaba manga por hombro.
Ha sido elogiado, en su diseño y logística y en su propia implementación, por la Organización Internacional para las Migraciones.
Los únicos que no quieren saber de él, porque los obliga a someterse al rigor de las leyes, son los indocumentados haitianos, porque los demás compatriotas que sí disponen de papeles han acudido a las oficinas muy empeñados en ponerse en regla para seguir viviendo en nuestro país.
De ahí que, en la continuación de la campaña aviesa que se inició desde el mismo momento en que fue anunciada la sentencia del TC y la promulgación de la ley 169-14, que creó el plan y sus bases, los adversarios intentan desesperadamente hacer creer que el sistema ha fracasado porque miles de haitianos no han podido calificar para la regularización o no cuentan con los requisitos elementales para ser considerados pasibles de la regularización.
Aquí hemos sido tan flexibles que no solo el Gobierno ha ofrecido la gratuidad total para los que quieren y pueden inscribirse, sino que ha aceptado que con apenas unos pocos requisitos básicos tengan el derecho a la regularización.
Pero resulta que la mayoría de los haitianos carece de papeles y cuando han querido obtenerlos de manera formal o legal en su país, las autoridades haitianas en principio les cobraban sumas muy altas o han permitido que la lentitud y el desgano prevalezca en el seno de su Programa de Identificación y Documentación de Inmigrantes Haitianos (PIDIH).
Los que han fracasado son el PIDIH y aquellos que vivieron bombardeando e intentando dinamitar o neutralizar el proceso sobre la base de acusaciones y falacias contra el país. Si no, preguntémosle a los propios haitianos que se quejan a diario de que su gobierno no hizo nada relevante para ayudarlos.
Han fracasado, por igual, los que, poniendo en duda que el país tenía capacidad para emprender este proceso de regularización, se echaron a un lado o despreciaron la vía legal calculando que, con la presión internacional y de sus corífeos locales, el plan no iría a ningún lado.
El plan no se fijó una cantidad a regularizar, sino la forma de hacerlo. Por tanto, su forma de evaluarlo es sobre la base de su organización y operación. Y sobre el determinante impacto que tendrá en la vida nacional, una vez que, gracias a él, quede pavimentada la vía legal por la que tendrán que transitar todos aquellos que deseen entrar, vivir y trabajar en el país con sus papeles en regla.