Por donde quiera que se le mire, el problema que representa el caos agravado en el transporte público es fuente de degradación y pérdidas para toda la sociedad.

Se degrada el respeto a las normas del tránsito y, por vía de consecuencia, hacia la autoridad que está llamada a velar por su cumplimiento.

Se degrada la vida del ciudadano, multiplicando los potencializadores del stress y de la contaminación ambiental y creando un permanente clima de peligro para las vidas de transeúntes y también conductores.

Ese caos degrada, así mismo, el valor de las propiedades inmobiliarias en aquellas áreas  donde todo es desorden, ruidos, entaponamientos, riñas entre conductores o palizas sangrientas a los llamados “carros piratas” en las rutas ya establecidas y en aquellos lugares  que se convierten en las paradas de los vehículos, que rápidamente se arrabalizan y constituyen espacios de escándalos permanentes.

Si vamos a las pérdidas, hay múltiples formas de cuantificarlas en el orden de la cobertura de seguros por accidentes o daños irreversibles a los vehículos, hospitalización o inhabilitación de millares de dominicanos que se lesionan en accidentes en vías públicas, retrasos para llegar a los centros de trabajo, atracos y robos a pasajeros o transeúntes, y un largo etcétera de anormalidades.

El Estado está llamado a propiciar las condiciones para que este maremágnum no siga destruyendo la calidad de vida del Gran Santo Domingo. Hay varias instituciones encargadas de velar por el orden, el control y la seguridad en el tránsito, pero todas parecen desbordabas por la magnitud del caos.

Definitivamente, de esta plaga difícilmente nos libraremos.