Con el nivel de eficiencia con que ha venido operando en los últimos años, sobre todo gracias a su proceso de autodepuración interna, la Dirección Nacional de Control de  Drogas (DNCD) ha madurado lo suficiente como para preservar su autonomía de acción.

No tiene sentido ni lógica, entonces, desmantelarla o transferirla bajo el control de la Procuraduría General de la República, como se ha sugerido, quitándole esa facultad al Poder Ejecutivo, bajo la cual siempre ha operado.

En la práctica, los procedimientos de persecución penal de la DNCD han estado bajo el mando legal de la misma Procuraduría, que es la entidad que aporta a los fiscales que participan y acreditan las operaciones de búsqueda y arresto de traficantes y consumidores de drogas.

La DNCD es una institución compuesta por oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que jerárquicamente están supeditados al Presidente de la República, su jefe supremo, por lo que deben responder siempre a esa máxima autoridad, no a otra subalterna a ésta.

Aparte de esto, la DNCD es un organismo especializado que actúa en coordinación internacional con otros cuerpos semejantes, manejando información sensible que difícilmente aceptarían compartir con el ministerio público que, como cualquier otra institución de su género, no está totalmente blindado ante los chantajes y tentaciones que ejerce el narcotráfico o el crimen organizado cuando busca contubernios.

En estos momentos, justamente, la DNCD ha demostrado alta capacidad para responder al desafío de los narcotraficantes, propinando golpes durísimos al negocio ilícito de las drogas y persiguiendo sistemáticamente a los manejadores del negocio, macro o micro, en todo el país.

 Lamentablemente, los tribunales han dejado marchar, de nuevo a las calles, a muchos narcotraficantes sorprendidos con las manos en la masa. Y, por lo menos en el presente, se ha superado la vergonzosa práctica de indultar a narcos en las fechas especiales para tales indulgencias oficiales, como escandalosamente ocurría en el pasado.